La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha condenado a un juez de paz sustituto a 2 años de prisión, una multa de 720 euros y 1 año y 11 meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público. El fallo se produjo tras un acuerdo entre la fiscalía y la defensa, considerando los hechos como un delito de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público.
El caso de falsificación que involucró a una abogada
El 6 de septiembre de 2022, el acusado, de 50 años, en su rol como juez de paz sustituto de Esteríbar, elaboró un documento titulado 'Apoderamiento Apud Acta'. En él, se afirmaba que un hombre había comparecido y otorgado un poder general a una abogada, además de solicitar un poder especial. El documento llevaba el sello de la Agrupación de Juzgados de Paz de Zubiri y la firma de una secretaria del Juzgado de Paz de Esteríbar, que fue falsificada por el acusado o con su consentimiento.
La abogada presentó el documento en la Comisaría Local de la Policía Nacional de Sant Adrià de Besòs, Barcelona, al día siguiente. Con este documento, solicitó la entrega y devolución del pasaporte previamente retirado al hombre mencionado. A pesar de que el juez de paz no tenía competencia para otorgar poderes especiales, procedió sin consultar sus funciones.
Antes del juicio, celebrado el lunes pasado, el fiscal pedía inicialmente una condena de 4 años y 4 meses de prisión y una multa de 3.780 euros. Sin embargo, tras un pacto con la defensa, se redujo la pena a 2 años y 720 euros, considerando la atenuante de error vencible de prohibición, que se refiere a un error que podría haberse evitado con la diligencia adecuada.
La sentencia, que es firme, incluye la suspensión de la pena de prisión por 5 años, siempre que el condenado no cometa nuevos delitos en ese periodo. Además, debe pagar la multa a razón de 72 euros al mes y realizar 150 jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad. Esta suspensión de la pena refleja una medida que busca el cumplimiento de la ley sin recurrir al encarcelamiento inmediato, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.
El caso pone de manifiesto la importancia de la integridad en el ejercicio de funciones públicas y las consecuencias legales de violar esta responsabilidad. La Audiencia de Navarra ha dejado claro que, aunque se haya llegado a un acuerdo entre las partes, la justicia debe prevalecer. La sanción impuesta al juez de paz sustituto es un recordatorio de que los funcionarios públicos deben actuar dentro de los límites de sus competencias y con estricto apego a la legalidad.
Este incidente subraya la necesidad de que los funcionarios públicos se aseguren de entender y respetar las competencias de sus cargos, evitando así errores que puedan derivar en acciones legales. La sentencia también destaca el papel del sistema judicial en la corrección de actos indebidos y en la promoción de la responsabilidad en el servicio público.
