La Dirección General de Obras Públicas ha anunciado que acata el reparo suspensivo decretado por la Intervención General del Gobierno de Navarra sobre el modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate, y ha iniciado la búsqueda de fórmulas legales que permitan la continuidad de los trabajos «de acuerdo al interés general». Esta decisión ha sido comunicada a primera hora de la mañana durante la reunión mantenida con la UTE adjudicataria, en la que el departamento ha confirmado que no elevará el reparo al criterio del Gobierno, optando así por la vía «más garantista» del procedimiento.
En el encuentro, celebrado en la sede del departamento de Cohesión Territorial, la Dirección General trasladó a las empresas el interés en que los trabajos prosigan sin interrupciones y se comprometió a abonar en diciembre las certificaciones pendientes. Estos pagos se realizarán conforme a lo establecido por la Intervención General, lo que implica que las modificaciones rechazadas se abonarán al precio recogido en el proyecto original. Obras Públicas subrayó además la importancia de cumplir con la directiva europea de seguridad, que calificó como «una absoluta prioridad» para el Gobierno de Navarra.
El reparo suspensivo se conoce el mismo día en que concluye el plazo legal para aprobar el modificado número 1 de los túneles de Belate, un cambio que Obras Públicas justifica en razones técnicas relacionadas con la morfología del terreno y la abundancia de agua emergente en la zona, entre otros aspectos.
Tres unidades bajo cuestionamiento
La Intervención General basa su reparo en el cuestionamiento técnico y jurídico de tres de las quince unidades incluidas en el modificado: el polvorín, los suplementos de excavación y los de sostenimiento. Estas tres partidas representan el 69,71% del incremento económico propuesto, es decir, 5,3 millones de los 7,6 millones totales.
El órgano interventor sostiene su posición en la Ley Foral de Contratos Públicos, particularmente en el artículo 114, así como en la doctrina emitida por el Consejo de Navarra y el Consejo de Estado.
