La Mesa del Congreso ha acordado este miércoles la suspensión de José Luis Ábalos como diputado al cumplirse todas las condiciones previstas en el Reglamento de la Cámara para retirar los derechos y deberes parlamentarios a un parlamentario procesado y en prisión preventiva.
Según han informado fuentes parlamentarias, la suspensión se adopta después de que el Tribunal Supremo haya confirmado este miércoles el auto de procesamiento de Ábalos en la pieza del llamado ‘caso Delorme’ relativa a los contratos de mascarillas, y de que se certifique formalmente su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza. Con ese escenario, la Mesa ha aplicado el artículo 21 del Reglamento, que obliga a suspender a aquellos diputados para los que se haya concedido suplicatorio, estén procesados con resolución firme y se encuentren en situación de prisión preventiva mientras dure esta.
Alcance de la suspensión
La medida no implica la pérdida del escaño, pero sí la retirada de todos los derechos y deberes parlamentarios asociados, de modo que Ábalos no podrá votar ni participar en la actividad de la Cámara mientras mantenga su situación procesal actual. La suspensión conlleva también la pérdida de las retribuciones económicas como diputado, su baja en la cobertura de protección social y en la póliza de accidentes de las Cortes Generales, así como el recorte correspondiente en la subvención asignada al Grupo Mixto, al que pertenece.
Contexto judicial y político
La decisión llega tras semanas de tensión política y jurídica desde que el juez del Supremo ordenara el ingreso en prisión de Ábalos por apreciar un riesgo de fuga “extremo” en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades en contratos de mascarillas y otras ramificaciones del caso. El Supremo ya había avalado la investigación al considerar que existen indicios suficientes para seguir adelante con la causa, lo que ha terminado precipitando el movimiento definitivo de la Cámara Baja.
Impacto en el Congreso
Con la suspensión, Ábalos deja de computar en la práctica para las votaciones del Pleno y de las comisiones, lo que obliga a recalcular las mayorías en un Congreso muy ajustado y añade presión a las negociaciones del Gobierno con sus socios y con el resto de la oposición. La Cámara mantiene, no obstante, su condición formal de diputado en suspenso, a la espera de la evolución del proceso penal y de las eventuales decisiones futuras sobre su escaño.
