La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha anunciado que estudiará la presentación de una demanda por un posible delito contra la salud pública contra aquellos europarlamentarios españoles que voten a favor del acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur en las condiciones actuales. La organización considera que el tratado permitiría la entrada en el mercado europeo de productos agroalimentarios que no cumplen los estándares sanitarios y fitosanitarios exigidos a los productores comunitarios.
El anuncio llega tras la movilización del sector agrario el pasado 18 de diciembre en Bruselas, en la que UAGN participó activamente, y después de la reunión celebrada el 7 de enero entre los ministros de Agricultura de la UE, en la que se debatieron medidas de apoyo al sector. En ese encuentro se acordó un paquete adicional de financiación de 45.000 millones de euros dentro del Marco Financiero Plurianual, una decisión que UAGN valora positivamente, aunque insuficiente.
La organización agraria reclama que este incremento presupuestario sea efectivo antes de la firma del acuerdo con Mercosur y que su aplicación sea obligatoria para todos los Estados miembros. A su juicio, la cifra, combinada con la propuesta de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, de destinar un 10% a un Fondo Rural dentro de los Planes Estratégicos, podría revertir el recorte del 22% de la PAC.
Desde UAGN subrayan que estos avances son fruto directo de la presión ejercida por las movilizaciones del campo. “La respuesta de la Comisión Europea demuestra que la movilización y la unidad del sector son herramientas eficaces para influir en las decisiones políticas”, señalan, aunque insisten en la necesidad de mantener la vigilancia para que los compromisos se traduzcan en medidas reales.
Rechazo frontal al acuerdo UE-Mercosur
En relación con el tratado comercial, UAGN ha instado a la delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, y a la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, a exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a los europarlamentarios españoles que se posicionen en contra del acuerdo.
La organización sostiene que el pacto solo sería aceptable si se garantiza su carácter bilateral y la inclusión de cláusulas espejo, que aseguren condiciones comerciales recíprocas entre la UE y países como Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina. Sin estas garantías, advierten, el tratado supondría una amenaza directa para la agricultura y la ganadería, al permitir la entrada de productos que no cumplen los mismos estándares medioambientales, laborales y sanitarios.
“El acuerdo presiona a la baja los precios en origen, pone en riesgo la viabilidad de las explotaciones navarras y contradice el discurso institucional de apoyo al sector primario”, ha señalado el presidente de UAGN, Félix Bariáin.
Posible delito contra la salud pública
UAGN va un paso más allá y anuncia que analizará la responsabilidad legal de los europarlamentarios que respalden el tratado. Según Bariáin, los representantes públicos conocen las restricciones en el uso de fitosanitarios en la UE para proteger la salud pública, pero, aun así, podrían avalar la importación de productos que contienen sustancias prohibidas en Europa.
“Esto podría convertirlos en cooperadores necesarios de un delito contra la salud pública”, advierte Bariáin, quien cuestiona si la importación de estos bienes es legal o si, por el contrario, las autoridades estarían incurriendo en una discriminación normativa al imponer exigencias más estrictas a los productores europeos.
“Es inadmisible que se prohíban sustancias nocivas en Europa y, al mismo tiempo, se permita su entrada a través de importaciones”, ha denunciado, calificando esta situación de doble moral e irresponsabilidad política.
Fertilizantes y costes de producción
Por último, UAGN ha reclamado la eliminación inmediata de los aranceles y del impuesto al CO₂ aplicado a los fertilizantes, así como medidas para compensar los costes derivados del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM). La organización confía en que la retirada de estos impuestos se traduzca en una bajada real de los precios, y advierte de que se mantendrá vigilante para garantizar que el alivio de costes llegue de forma efectiva a agricultores y ganaderos.
“Cualquier incremento en este insumo clave puede neutralizar las medidas adoptadas y volver a poner en riesgo la rentabilidad de las explotaciones”, ha concluido Bariáin.
