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Pamplona Actual

Anulan la licitación millonaria del servicio postal del Gobierno de Navarra por no favorecer la contratación de pymes

El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos estima la reclamación de Gureak y declara nulos el anuncio y los pliegos por falta de justificación

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El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha anulado el procedimiento de licitación para contratar los servicios postales de la Administración de la Comunidad Foral y sus organismos autónomos, valorado en 19.716.374 euros sin IVA, es decir más de 20 millones de euros. La decisión, adoptada el pasado 3 de enero, responde a la reclamación presentada por Gureak Navarra, S.L.U., que alegaba irregularidades en el diseño del contrato.​

Origen del conflicto

El Departamento de Presidencia e Igualdad publicó el anuncio de licitación el 11 de noviembre de 2025. El acuerdo marco preveía seleccionar una sola empresa para prestar servicios como cartas ordinarias, certificadas, paquetería y libros durante dos años, prorrogables por otros dos. Gureak recurrió el 21 de noviembre argumentando que no se dividió en lotes, contraviniendo la norma general de la Ley Foral de Contratos del Sector Público que favorece la participación de pymes y entidades especiales.​

Razones de la anulación

El tribunal considera insuficiente la justificación del Gobierno para no fraccionar el contrato, pese a su alto valor y duración. Señala que las explicaciones sobre eficiencia, homogeneidad de servicios y coordinación eran genéricas y no detallaban riesgos concretos de dividir en lotes, como cartas o notificaciones. El fallo destaca que la ley exige motivación específica para excepciones a la división, especialmente en contratos grandes, para promover la competencia.​

Implicaciones prácticas

El procedimiento queda paralizado sin posibilidad de continuar, lo que obliga al Gobierno a replantear la licitación corrigiendo los defectos. Gureak, empresa navarra con varios centros especiales de empleo, defendió que la unidad del lote excluía a pymes al elevar requisitos de solvencia. El acuerdo es firme en vía administrativa, recurrible en dos meses ante el TSJ de Navarra.

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