La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) ha abierto un procedimiento de investigación para esclarecer un posible fraude de ley en la licitación de varias obras realizadas en el parque Sendaviva, tras una denuncia presentada por UPN. El organismo considera que existen “indicios de veracidad” en los hechos denunciados y ha requerido al Departamento de Cultura, Turismo y Deporte que remita explicaciones y documentación en un plazo de diez días.
La investigación se centra en la adjudicación de cuatro contratos de obras financiadas mediante una subvención del Gobierno de Navarra y otorgadas a una misma empresa. Según expone la OANA en su resolución, estos contratos se tramitaron de forma simultánea o consecutiva y presentan “un vínculo operativo” que permitiría considerarlos como una única unidad funcional. Este extremo apunta a un posible fraccionamiento indebido con el objetivo de eludir la Ley Foral de Contratos Públicos.
El parlamentario de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin explicó que su formación ya advirtió de que “se pudo trocear un solo contrato en cuatro para burlar la ley”, dado que cada uno de ellos se situó deliberadamente por debajo del umbral de los 200.000 euros que permite el uso del procedimiento simplificado en contratos de obras. Dos de los contratos fueron adjudicados por 199.999 euros y los otros dos por 199.848,74 y 198.866,72 euros.
Pero la Oficina Anticorrupción va más allá del presunto fraccionamiento. En el análisis de las certificaciones de obra, ha detectado pagos por “obras fuera de presupuesto” por un importe total superior a los 70.000 euros, sin que conste justificación ni actas de modificación que avalen dichos trabajos. De haberse incluido estas partidas en el proyecto inicial, el importe de los contratos habría superado el límite legal, obligando a recurrir a un procedimiento abierto.
La resolución también señala posibles irregularidades en el proceso de adjudicación, al advertir que el gerente de la empresa pública NICDO, administrador único de Parquenasa-Sendaviva, habría valorado y calificado las ofertas y propuesto la adjudicación sin ser el órgano competente, contraviniendo lo dispuesto en la normativa foral.
Además, Anticorrupción subraya que no consta en los expedientes el procedimiento seguido para la contratación de la dirección de obra, que fue facturada por la misma empresa adjudicataria de los contratos investigados, un extremo que añade mayor gravedad al caso.
Desde UPN consideran que el conjunto de hechos “confirma un nuevo episodio de presuntas irregularidades y posible corrupción en la contratación administrativa” que afectaría al Gobierno de Navarra presidido por María Chivite. A su juicio, las posibles responsabilidades alcanzarían tanto a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Rebeca Esnaola, como al gerente de NICDO, Ramón Urdiáin, en su condición de responsable de Parquenasa.
La investigación de la OANA se suma así a otras actuaciones ya abiertas en el ámbito parlamentario y judicial, mientras el Gobierno foral deberá aportar ahora la documentación requerida para aclarar un proceso de contratación que Anticorrupción considera, cuando menos, irregular.
