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Rioja Actual

Intervienen en La Rioja un patinete y una bicicleta modificados que alcanzaban la velocidad de un ciclomotor

Un conductor ha sido investigado por un delito contra la seguridad vial tras circular en Autol con un vehículo artesanal dotado de motor.

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Agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil han interceptado en carreteras de La Rioja dos vehículos de movilidad personal que habían sido transformados ilegalmente. Se trata de un patinete de fabricación artesanal y una bicicleta eléctrica modificada, ambos capaces de alcanzar velocidades propias de un ciclomotor, lo que contraviene la Ley de tráfico y seguridad vial.

La intervención más destacada tuvo lugar en la carretera LR-115, a su paso por el municipio de Autol. Los agentes detuvieron a un conductor de 29 años que circulaba en un patinete sin marca ni número de bastidor, al que se le había acoplado un motor de gasolina. Tras un análisis técnico en un taller acreditado, el vehículo fue catalogado como un ciclomotor de categoría L1e-B, cuya conducción requiere obligatoriamente el permiso de la clase AM.

Consecuencias penales y riesgos de seguridad

El conductor del patinete artesanal está siendo investigado por un delito contra la seguridad vial, ya que circulaba sin puntos en el carné y había sido declarado no apto en el examen de recuperación. Por su parte, el usuario de la bicicleta eléctrica ha sido denunciado administrativamente por las reformas no homologadas en su vehículo.

La Guardia Civil advierte que estas manipulaciones mecánicas para incrementar la potencia suponen un grave peligro para la seguridad estructural y la estabilidad, al no haber superado ensayos técnicos de frenado. Las actuaciones penales ya han sido puestas a disposición de la autoridad judicial, mientras que las sanciones administrativas se han remitido a la Jefatura Provincial de Tráfico en La Rioja.

Normativa vigente para vehículos modificados

Cualquier transformación que convierta un patinete o bicicleta en un vehículo de motor implica la obligatoriedad de contar con autorizaciones administrativas y el seguro correspondiente. El uso de estos dispositivos modificados en la vía pública no solo acarrea multas económicas, sino que puede derivar en penas de prisión dependiendo de la gravedad de la infracción y la situación del conductor.

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