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Pamplona Actual

Navarra cuantificará la inversión de sus presupuestos destinada a la infancia y la adolescencia

El Parlamento aprueba una resolución de Geroa Bai para fiscalizar el gasto directo e indirecto en políticas para menores de edad.

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El pleno del Parlamento de Navarra ha aprobado este jueves una resolución impulsada por Geroa Bai que obliga al Gobierno foral a elaborar un informe exhaustivo sobre el gasto público. El objetivo es determinar con precisión qué cuantías de los Presupuestos Generales de Navarra se destinan a políticas que impactan, tanto de forma directa como indirecta, en los niños, niñas y adolescentes de la Comunidad Foral.

La iniciativa ha sumado un amplio consenso político, recibiendo el respaldo de UPN, PSN, EH Bildu, Geroa Bai, Contigo-Zurekin y Vox. Por su parte, el PPN ha optado por la abstención, mientras que la parlamentaria no adscrita ha emitido el único voto en contra de la propuesta.

Prioridad presupuestaria frente a la pobreza y la salud mental

La resolución fundamenta su necesidad en la especial vulnerabilidad de la población joven ante problemas actuales como las tasas de pobreza, la brecha de igualdad de oportunidades y el aumento de los casos de desprotección. Asimismo, se ha puesto el foco en la importancia de dotar de recursos el ámbito de la salud mental infantil, un sector que requiere una atención prioritaria para la detección temprana de patologías.

Con este mandato, el Legislativo navarro busca dar cumplimiento efectivo a la ley foral 12/2022. Dicha normativa establece, en su artículo 5, que la inversión en infancia y adolescencia debe experimentar un incremento anual que sea, como mínimo, equivalente al crecimiento del techo de gasto de la administración.

Garantía de derechos y prevención

La cuantificación de estos recursos económicos permitirá a la Administración foral evaluar si los medios actuales son suficientes para salvaguardar la prevención y detección temprana de problemas. Para el grupo proponente, resulta indispensable conocer la inversión real para garantizar el cumplimiento de los derechos reconocidos por ley a los menores navarros y asegurar que las políticas públicas se traducen en una mejora efectiva de su bienestar.

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