La Audiencia Provincial de La Rioja ha dictado una sentencia de conformidad en la que condena a seis años de prisión a un hombre por un delito de agresión sexual con acceso carnal. El tribunal considera probado que el condenado aprovechó la intoxicación alcohólica de una joven para realizar el acto sin su consentimiento, una circunstancia que, según los magistrados, anulaba por completo la capacidad de la víctima para decidir.
Los hechos se remontan a agosto de 2023, durante la celebración de unas fiestas patronales en un municipio de la Rioja Baja. La víctima, que presentaba una fuerte embriaguez tras un consumo excesivo de alcohol, fue trasladada a una vivienda. El acusado, al quedarse a solas con ella, inició la agresión, de la cual la joven solo pudo zafarse tras lograr reaccionar y apartarlo físicamente en un momento de lucidez.
Acuerdo de conformidad y expulsión del territorio nacional
El proceso judicial se ha resuelto mediante una sentencia de conformidad, después de que el acusado admitiera la autoría de los hechos y aceptara la pena propuesta por el Ministerio Fiscal. Este reconocimiento ha evitado la celebración de la vista oral, agilizando la resolución del caso.
La resolución judicial contempla una estructura de cumplimiento específica: el penado permanecerá en prisión durante tres años, mientras que el periodo restante de la condena será sustituido por su expulsión del territorio nacional por un plazo de diez años. Esta medida busca garantizar que el condenado no regrese al país tras cumplir la parte obligatoria de la pena privativa de libertad en un centro penitenciario español.
Medidas de protección y libertad vigilada
Además de la pena de cárcel, la Audiencia Provincial ha impuesto estrictas medidas de seguridad para proteger a la víctima. El agresor tiene prohibido comunicarse o acercarse a la joven durante un periodo que supera en diez años la duración de la condena. Asimismo, se ha dictado su inhabilitación especial para cualquier profesión que conlleve contacto con menores de edad.
Una vez que el individuo recupere la libertad o se ejecute su salida del país, deberá someterse a una medida de libertad vigilada durante una década. El tribunal refuerza así el control sobre el condenado, asegurando un seguimiento post-penitenciario tras la agresión cometida en la Rioja Baja.
