La visita fue en junio de 2025, pero el informe que dejó es demoledor. El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, dependiente del Defensor del Pueblo, inspeccionó el Centro Penitenciario de Pamplona y concluyó que, cinco años después de que Navarra asumiera la competencia de sanidad penitenciaria, la atención médica en la cárcel sigue sin alcanzar el nivel del sistema de salud ordinario. En total, formuló 35 sugerencias a Instituciones Penitenciarias y a Osasunbidea. De ellas, 18 permanecen sin respuesta.
La asociación Salhaketa Nafarroa ha hecho públicas las conclusiones del informe este martes para alertar de una situación que, según denuncia, lleva años sin corregirse pese al cambio de gestión. La transferencia de competencias en 2021 se presentó como una oportunidad para integrar la sanidad carcelaria en Osasunbidea. El resultado, según el Mecanismo, es desigual: hay avances —cobertura médica más estable, equipo de salud mental, acceso al historial clínico compartido— pero persisten "deficiencias estructurales y organizativas" que comprometen derechos básicos.
Presos apuntados a consulta a los que el médico no atiende
Uno de los hallazgos más llamativos del informe es el volumen anormalmente bajo de consultas médicas registradas. Los propios presos denunciaron al equipo inspector que, pese a solicitar cita, en muchas ocasiones no son atendidos. El informe recoge literalmente que "los internos se quejan de que a pesar de estar apuntados a consulta el médico no les atiende". Para el Mecanismo, este dato apunta a una posible desatención estructural incompatible con cualquier estándar digno.
A ello se suma la escasez de psicólogos, que hace prácticamente inviable cualquier intervención terapéutica, y la falta de formación específica del personal sanitario en el contexto penitenciario, donde la práctica médica convive con los mecanismos disciplinarios de la institución.
Vigilantes en las consultas e historiales bloqueados al inspector
El informe también revela una contradicción llamativa: la dirección del centro puso trabas al acceso del Mecanismo a las historias clínicas —algo que no había ocurrido antes en ninguna cárcel inspeccionada— mientras que, en la práctica diaria, esa misma confidencialidad se vulnera de forma habitual. Los inspectores constataron que personal de vigilancia estaba presente durante entrevistas médicas y que, en ocasiones, otros presos ejercían de intérpretes.
Los partes de lesiones presentan también deficiencias graves: carecen de descripciones rigurosas y documentación gráfica, incumpliendo el Protocolo de Estambul, el estándar internacional para documentar posibles torturas o malos tratos.
Atados de pies y manos, sin médico presente
El informe dedica especial atención a las contenciones mecánicas —sujeción de una persona inmovilizada de pies y manos— que se siguen aplicando en el centro sin una supervisión clínica adecuada. El Mecanismo advierte de que su uso sin valoración médica inmediata "compromete de forma directa el respeto de las garantías básicas de derechos humanos y constituye un riesgo de trato negligente o incluso inhumano o degradante".
La Orden Foral 347/2022 obliga a todos los centros de Navarra a elaborar planes para suprimir esta práctica. Salhaketa considera "incomprensible e inaceptable" que siga vigente en la prisión de Pamplona.
En los módulos de aislamiento, la situación es aún más precaria. Los reconocimientos médicos obligatorios no están protocolizados y, según el informe, en algunos casos se reducen a una simple pregunta —no siempre formulada por sanitarios— sobre si el preso quiere atención. El Mecanismo lo califica de "enfoque reactivo" que puede derivar en "desprotección sanitaria".
Una campaña estatal y acciones previstas para mayo
Salhaketa se ha sumado a una campaña estatal contra la desatención sanitaria en las cárceles que, entre el 20 y el 30 de mayo, prevé nuevas acciones de denuncia pública. La asociación exige al Gobierno de Navarra que aplique de forma urgente las 35 recomendaciones del Mecanismo y que elimine las contenciones mecánicas en el ámbito penitenciario, extendiendo a la cárcel las mismas garantías que existen fuera de ella.
