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El TSJN anula la sentencia que obligaba al Gobierno foral a abonar atrasos por el índice de proporcionalidad

Estima el recurso del Ejecutivo y concluye que son las leyes de presupuestos las que fijan las retribuciones; AFAPNA llevará el caso al Supremo

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  • Fachada del Palacio de Navarra, sede del Gobierno foral.

Una batalla judicial por el sueldo de miles de funcionarios navarros da un giro este martes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha revocado la sentencia que en octubre de 2025 dictó un juzgado de Pamplona y que obligaba al Gobierno foral a recuperar el índice de proporcionalidad y abonar los atrasos devengados en los últimos cuatro años.

El índice de proporcionalidad es el mecanismo que establece la relación salarial entre los distintos niveles de la función pública —de la A a la E— tomando como referencia una base común. El artículo 41 del Decreto Foral Legislativo 251/1993, que aprueba el Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, fija esos coeficientes: 2 para el nivel A, 1,65 para el B, 1,35 para el C, 1,15 para el D y 1 para el E.

Qué ha resuelto el TSJN

El funcionario recurrente pedía que su salario se calculara conforme a esos coeficientes. El Gobierno foral alegó que el artículo 41 del estatuto de personal había quedado derogado, o al menos desplazado, por las sucesivas leyes forales de presupuestos, que son las que en la práctica han fijado año a año las retribuciones del empleo público.

El TSJN da la razón al Ejecutivo. La sala sostiene que, "huyendo de nominalismos", las leyes de presupuestos son las que "fijan y determinan las retribuciones" y que el Gobierno de Navarra está vinculado a ellas en la fijación de la masa salarial. La sentencia, que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo, revierte así lo resuelto en primera instancia.

AFAPNA anuncia el recurso ante el Supremo

El sindicato AFAPNA, que impulsó las demandas en los juzgados, ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo y que, si fuera necesario, llegará hasta el Tribunal Constitucional. La organización recuerda que cuenta con dos sentencias favorables de los juzgados de lo contencioso-administrativo y considera que el incumplimiento del estatuto de personal ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo acumulada de más de quince años para los empleados públicos navarros.

AFAPNA apunta al recorte del 5% que sufrieron los funcionarios con la Ley Foral 12/2010, aprobada en plena crisis para reducir el déficit público, como el origen de una brecha salarial que, a su juicio, nunca se ha cerrado. El sindicato asegura que "no dará ni un paso atrás" y que no dejará "a nadie en la estacada".

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