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Nuevo paso adelante para la futura Ley Foral de Vivienda Colaborativa, que favorecerá un modelo más asequible, estable y no especulativo

El Gobierno de Navarra ha autorizado esta mañana, en sesión de gobierno, remitir al Consejo de Navarra el anteproyecto de Ley Foral de Vivienda Colaborativa, ...

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  • Llave de una casa.
  • El Gobierno de Navarra ha aprobado hoy remitir el anteproyecto del texto al Consejo de Navarra para su dictamen

El Gobierno de Navarra ha autorizado esta mañana, en sesión de gobierno, remitir al Consejo de Navarra el anteproyecto de Ley Foral de Vivienda Colaborativa, una norma pionera que establece el marco jurídico para desarrollar un nuevo modelo residencial basado en la cooperación entre las personas residentes que ofrecerá una alternativa asequible, estable y no especulativa frente al mercado tradicional.

Con esta iniciativa legislativa, el Ejecutivo foral pretende incorporar una nueva herramienta para ampliar la oferta de vivienda asequible y ofrecer alternativas al modelo tradicional de propiedad y alquiler, orientadas a responder los nuevos retos sociales, demográficos y habitacionales. “Queremos incorporar una nueva forma de entender la vivienda. Porque no solo hablamos de un lugar donde vivir, sino de comunidades que comparten espacios, cuidados y proyectos de vida, apostando por un modelo solidario, sostenible y alejado de la especulación”, ha señalado esta mañana la vicepresidenta tercera y consejera de Vivienda, Juventud y Políticas Migratorias, Begoña Alfaro.

Así, la futura ley regulará de forma integral el funcionamiento de las cooperativas de vivienda colaborativa, los derechos y obligaciones de las personas socias, la organización de la vida comunitaria, las actividades colaborativas, las medidas de fomento, los tipos de vivienda y sus especialidades constructivas. 


Modelo cooperativo de propiedad colectiva

La principal característica de la vivienda colaborativa, formada por un conjunto de viviendas de uso privado y espacios y servicios comunes, es que la propiedad del edificio corresponde siempre a una cooperativa, mientras que las personas residentes disponen de un derecho de uso estable sobre sus viviendas, sin llegar a ser propietarias individuales de las mismas. De este modo, la norma configura una fórmula intermedia entre la propiedad y el alquiler, que garantiza estabilidad residencial, evita procesos especulativos y mantiene el principio cooperativo de acceso a precio de coste.

Asimismo, la ley establece mecanismos para impedir la especulación en la transmisión de los derechos de uso y limita la devolución de las aportaciones económicas realizadas por las personas socias a los costes efectivamente asumidos, actualizados mediante criterios objetivos previstos en los estatutos de cada cooperativa.

La nueva norma convertirá la vida colaborativa en un elemento esencial del proyecto residencial. Para ello, los edificios deberán reservar al menos un 10% de la superficie útil para espacios comunes destinados al desarrollo de actividades colaborativas. Estos espacios podrán albergar cocinas comunitarias, bibliotecas, lavanderías, salas de estudio o trabajo, gimnasios, talleres, alojamientos temporales para familiares, espacios de cuidados, cuidado colectivo de menores, etcétera. Todo ello, regulado mediante un pacto colaborativo.

Además, se establecerá un marco específico para favorecer la colaboración entre las administraciones públicas y las cooperativas, con el fin de impulsar nuevas promociones de vivienda colaborativa. Entre otras medidas, se regulará la posibilidad de desarrollar estos proyectos sobre suelo público mediante derecho de superficie o concesión administrativa, de forma que las cooperativas puedan promover y gestionar los edificios durante el periodo de vigencia del derecho y, una vez finalizado, los inmuebles reviertan a la administración pública.

Tres modalidades de vivienda colaborativa

Sin perjuicio de la existencia de otras modalidades, la futura ley establecerá las especialidades propias de tres modalidades de vivienda colaborativa: la asequible, la destinada a personas mayores y la vivienda colaborativa en patrimonio arquitectónico.

Sobre la primera, el anteproyecto de ley foral subraya que está destinada a facilitar el acceso a la vivienda mediante promociones sujetas al régimen de vivienda protegida y promovidas bajo criterios de ausencia de ánimo de lucro. Asimismo, se apunta que las viviendas no se adjudicarán mediante aplicación de baremo, ni será necesaria la inscripción previa en el Censo de solicitantes de vivienda protegida, si bien la condición de socio o socia adjudicataria de un derecho de uso sobre la vivienda requerirá autorización del departamento competente en materia de vivienda.

Respecto a la vivienda colaborativa destinada a personas mayores, el texto subraya que serán proyectos concebidos para favorecer el envejecimiento activo, la autonomía personal y los cuidados compartidos. Estas promociones incorporarán espacios adaptados y servicios asistenciales y sociosanitarios, orientados a apoyar las tareas de la vida diaria y, en su caso, a afrontar situaciones de pérdida de autonomía personal. Las personas socias deberán tener entre 50 y 70 años en el momento de suscribirse a la vivienda y al menos el 50% de las viviendas deberán ser ocupadas por personas mayores de 65 años.

Por último, las viviendas colaborativas en patrimonio arquitectónico son aquellas que se promocionan en edificaciones singulares, cuenten o no con algún nivel de protección, tales como caseríos, antiguos molinos, conventos, estaciones de ferrocarril, antiguos cuarteles u otras edificaciones residenciales.

Con todo, el anteproyecto de ley foral pretende dar respuesta a los cambios sociales y demográficos que afronta Navarra, marcados por el envejecimiento de la población, el incremento de los hogares unipersonales y la soledad no deseada y las dificultades de acceso a la vivienda derivadas del aumento de los precios y de la insuficiente oferta residencial. “La vivienda colaborativa constituye una alternativa complementaria que favorece la cooperación, los cuidados, la sostenibilidad y el fortalecimiento de las redes comunitarias, contribuyendo al mismo tiempo a diversificar las formas de acceso a una vivienda digna”, ha concluido la vicepresidenta Alfaro.
 

 

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