El Juzgado de Primera Instancia agota este viernes el plazo de cuatro meses de suspensión concedido antes de autorizar el desahucio de una familia vulnerable de un piso de VPO en la calle Puerta de Badostáin, en Sarriguren. La vivienda, que perteneció al parque protegido y en la actualidad está en manos de un fondo de inversión, constituye el hogar habitual de una familia monomarental formada por una mujer con una discapacidad del 45 %, víctima de violencia de género, y sus dos hijos, uno de ellos menor de edad.
El procedimiento judicial entró en su fase final tras no renovarse la ley antidesahucios. Ante el recurso interpuesto contra la resolución judicial dictada el pasado 7 de abril de 2026, la magistrada concedió esta prórroga extraordinaria amparándose en el artículo 441 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) para permitir que la menor pudiera finalizar el curso escolar en el instituto de la localidad, según solicitó el Servicio Social de Base del Valle de Egüés.
Un requerimiento judicial al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento para dar una solución habitacional
En la resolución judicial, el tribunal dio traslado formal de la situación de vulnerabilidad socioeconómica y sanitaria de la afectada al Ayuntamiento del Valle de Egüés y al Gobierno de Navarra, instando a ambas Administraciones a garantizar una alternativa habitacional digna y adecuada mediante las herramientas de alquiler social o ayudas públicas.
El auto especificaba que, transcurrido el periodo máximo de cuatro meses permitido cuando la parte demandante es una persona jurídica o gran tenedor, el Juzgado deberá proceder de forma inexorable a ejecutar el lanzamiento al no existir más mecanismos legales para frenar la orden. Con la llegada de la fecha límite, la familia queda a la espera de que los servicios sociales confirmen la disponibilidad de un recurso público antes de que se autorice la ejecución definitiva.
