El Defensor del Pueblo de Navarra ha emitido una resolución en la que recomienda al Departamento de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo que deje sin efecto la ampliación de plazos de resolución de expedientes de renta garantizada, acordada el pasado 4 de junio mediante la Resolución 1031/2025.
La queja fue presentada por la asociación Elkarri Laguntza-Apoyo Mutuo, que denunció que el Gobierno foral había extendido el plazo de respuesta de tres a seis meses, pese a que el volumen de solicitudes no ha aumentado respecto a años anteriores. La entidad advertía de que este retraso estructural incrementaría el número de familias que necesitan acudir a centros de reparto de alimentos.
En su resolución, el Defensor del Pueblo recuerda que la ampliación de plazos es una medida «excepcional» y solo procede cuando existe un número extraordinario de solicitudes o personas afectadas. En este caso, considera que los problemas alegados por el departamento —como la gestión paralela del ingreso mínimo vital o la falta de personal técnico por procesos selectivos— son situaciones previsibles y propias de la gestión ordinaria.
El Ararteko subraya que la renta garantizada es una prestación esencial para la inclusión social y que «las dilaciones pueden causar efectos especialmente perjudiciales». Por ello, recomienda que los expedientes se resuelvan dentro del plazo ordinario de tres meses, aplicando el régimen de silencio administrativo positivo.
El departamento tiene ahora dos meses para responder si acepta o no la recomendación. En caso contrario, el caso será incluido en el informe anual que el Defensor del Pueblo remitirá al Parlamento de Navarra.
La versión del departamento
El Departamento de Derechos Sociales ha explicado en su respuesta al Defensor que la ampliación de plazos obedecía a una «sobrecarga estructural» en la Sección de Renta Garantizada, agravada por la implantación del Ingreso Mínimo Vital, que ha multiplicado las modificaciones de expedientes. A esta circunstancia se añadían la falta de personal estable —solo 7 de los 24 técnicos eran funcionarios—, las bajas médicas y reducciones de jornada, así como el impacto del proceso de oposición para trabajadores sociales, que dejó mermada la plantilla durante meses.
Además, el departamento defendió que la medida buscaba evitar una «doble carga administrativa». Sin la ampliación, muchos expedientes se habrían concedido por silencio administrativo positivo sin cumplir los requisitos, lo que después obligaría a abrir procesos de revisión y reintegro. Según su versión, lejos de perjudicar a las familias, la prórroga de plazos pretendía garantizar resoluciones más seguras y ajustadas a derecho, mientras se reforzaban los medios humanos, se creaban nuevas plazas y se ponían en marcha mejoras informáticas y de organización interna.
