Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia entre 2007 y 2012, ha ingresado este martes en la prisión de La Santé, en París, para cumplir una condena de cinco años por asociación delictiva en el caso de financiación ilegal de su campaña electoral de 2007. El exmandatario se convierte así en el primer expresidente francés en la historia reciente del país en entrar en prisión por corrupción, en un hecho sin precedentes que marca un punto de inflexión en la justicia francesa.
Sarkozy fue condenado por haber recibido financiación ilícita del régimen de Muamar el Gadafi, en Libia, durante su campaña presidencial. Según las investigaciones, el expresidente habría recibido hasta 50 millones de euros procedentes del gobierno libio para financiar su campaña, en una trama que salió a la luz tras la caída del régimen de Gadafi en 2011. El Tribunal de Casación francés confirmó la sentencia en abril pasado, convirtiéndola en ejecutiva y cerrando así todas las vías de apelación.
El ingreso en prisión de Sarkozy ha provocado una enorme conmoción en Francia. Sus defensores han denunciado una "persecución judicial" y han anunciado que seguirán luchando por demostrar su inocencia, a pesar de que la condena es ya firme. Por su parte, el propio Sarkozy se ha mostrado indignado y ha asegurado que se trata de una "injusticia histórica", aunque ha respetado la decisión judicial y ha cumplido voluntariamente con la orden de ingreso en prisión.
La sociedad francesa se encuentra dividida ante este acontecimiento. Mientras que un sector importante celebra que se haya hecho justicia y que ningún cargo político esté por encima de la ley, otro sector critica lo que considera un ensañamiento contra Sarkozy. Los analistas políticos destacan que esta condena establece un precedente importante en Francia y envía un mensaje claro sobre la necesidad de transparencia y responsabilidad en la política.
Sarkozy permanecerá en la prisión de La Santé durante los próximos meses, aunque su defensa continúa explorando todas las opciones legales disponibles, incluida la posibilidad de recurrir a instancias internacionales.
