El Juzgado de Tudela, que ha investigado al alcalde de Corella, Gorka García (Alternativa Corellana Independiente, ACI), ha concluido que el regidor podría haber incurrido en delitos de prevaricación y malversación, entre otros posibles, según ha informado UPN, partido que presentó la querella contra García. El órgano judicial ha emitido un auto en el que da por finalizadas las diligencias previas.
Según UPN, la jueza instructora concede un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y la propia formación regionalista soliciten la apertura del juicio oral.
De acuerdo con la información trasladada por UPN, el auto señala que "del informe elaborado por el presidente de la Cámara de Comptos de Navarra se desprende de forma evidente y clara que las actividades correspondientes al ejercicio 2022 en materia de personal, contratación pública y subvenciones del Ayuntamiento de Corella y de su organismo autónomo dependiente, la residencia Hogar San José, no resultan conformes con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos".
Ese informe recoge, a modo de ejemplo de hechos indiciarios, que el consistorio corellano "no ha llevado a cabo ningún procedimiento de selección basado en los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad en 18 de las 51 contrataciones temporales de personal del ayuntamiento". Asimismo, apunta que "el ayuntamiento organizó el CMF y realizó las contrataciones correspondientes sin tramitar un procedimiento administrativo y eludiendo los mecanismos de control interno, contrariamente a la normativa", tal y como traslada UPN.
La resolución judicial se apoya también, según la formación regionalista, en el informe elaborado por los componentes del EDITE de Navarra, de la Unidad Orgánica de la Guardia Civil, que "ha concluido en similares términos" que el de la Cámara de Comptos. Este segundo informe califica el caso de la residencia Hogar San José como "un caso inaudito e inexplicable que se ha saltado total y deliberadamente la Ley Foral de Contratos Públicos".
Con todo ello, el auto concluye que existen indicios de que el alcalde de Corella podría haber vulnerado la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local; la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones; la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de la Administración Local de Navarra; la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas Locales de Navarra; la Ley Foral 2/2018, de 13 de abril, de Contratos Públicos; y el Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido del Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, así como sus disposiciones de desarrollo.
