La consejera portavoz del Gobierno de Navarra, Amparo López, ha tratado este miércoles de rebajar la tensión en torno a los informes de la Oficina Anticorrupción que cuestionan varias adjudicaciones a Servinabar, vinculada al caso Koldo-Ábalos-Cerdán. López insistió en que lo detectado son “irregularidades administrativas”, pero en ningún caso “ilegalidades”.
El Ejecutivo foral se aferra a esa distinción para desmarcarse de las acusaciones de la oposición, que le reprocha minimizar la gravedad de los hechos. “En los informes quedan acreditadas irregularidades, ninguna ilegalidad. No hay que confundir ni buscar confundir”, recalcó la consejera, que volvió a insistir en que será en las comparecencias parlamentarias donde se aporten todas las explicaciones.
La portavoz también relativizó el papel de la Oficina Anticorrupción, que ha pedido la anulación de tres de los cuatro contratos revisados. “La Cámara de Comptos tiene una trayectoria histórica, es casi un tribunal de cuentas en Navarra. La Oficina es una oficina. Ni más ni menos”, afirmó, subrayando el mayor peso institucional de Comptos frente a un órgano de creación reciente.
El contraste entre la contundencia de las expresiones utilizadas por Anticorrupción —“incumplimientos flagrantes y palmarios”— y la interpretación del Ejecutivo como meros “errores administrativos” marcó el tono de una comparecencia en la que la portavoz repitió varias veces que “se está trabajando para corregir y mejorar” el sistema de contratación pública, con la futura reforma de la ley de contratos como pieza clave.
Preguntada por si esa postura supone cuestionar al organismo que el propio Ejecutivo solicitó para revisar las adjudicaciones, López se limitó a defender que el Gobierno está analizando los documentos en el marco de una “triple auditoría” y que todavía no ha habido tiempo para presentar alegaciones.
La consejera, además, rehusó pronunciarse sobre las acusaciones vertidas en el Congreso por el diputado Oskar Matute (EH Bildu), quien afirmó que la Oficina Anticorrupción está “controlada” por su propio partido. “El Gobierno no entra en valoraciones políticas”, respondió López, manteniendo la línea de prudencia institucional.
Posteriormente el propio ejecutivo ha enviado a los medios una aclaración sobre las palabras de la consejera. En ella se precisa que, cuando López hablaba de la asesoría jurídica, lo hacía “en sentido amplio del término”, y que son en concreto “los servicios jurídicos de los departamentos los que ahora están analizando los informes de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción (OANA), para la posible formulación de alegaciones”.
Con sus declaraciones, el Ejecutivo busca ganar tiempo frente a unos informes que han abierto un nuevo frente político. La batalla ahora se traslada al Parlamento, donde se espera que las comparecencias de los consejeros aporten más detalles sobre unos contratos cuya gestión sigue bajo la lupa.
