La plataforma Negu Gorriak/Derecho a Techo ha puesto en marcha su campaña de emergencia habitacional de invierno en un contexto que describe como de “abandono institucional”. La iniciativa arrancó la pasada noche sin incidentes: 16 personas sin hogar pudieron dormir bajo techo en el espacio cedido por la cooperativa Katakrak, gracias a la autoorganización de las asambleas y al trabajo militante de voluntarias y voluntarios.
Desde la plataforma advierten, sin embargo, de que se trata solo de un primer paso. Según explican, más de un centenar de personas siguen durmiendo en la calle. Por ello, han lanzado un llamamiento a la solidaridad de los colectivos sociales de Iruñerria, tanto para la cesión de espacios como para el apoyo económico. Tras haber recaudado alrededor de 11.000 euros destinados a desayunos y calefacción, la campaña abre ahora un nuevo proceso de crowdfunding con el objetivo de garantizar cenas dignas durante los meses más duros del invierno.
De momento, además de Katakrak, organizaciones como CGT —que ha realizado una aportación económica destacada— y colectivos como Haritu, GKS o SOS Racismo se han sumado a la iniciativa en distintas formas. Desde Negu Gorriak se muestran convencidos de que en las próximas semanas más espacios comunitarios se incorporarán a la red de acogida para ampliar la cobertura.
La antigua Ikastola Jaso, en el centro del conflicto
Mientras la sociedad civil se moviliza, el Ayuntamiento de Iruña mantiene su intención de derribar el edificio de la antigua Ikastola Jaso, donde sobreviven actualmente varias decenas de personas migrantes. La plataforma enmarca esta amenaza en un clima social que considera cada vez más marcado por el racismo y la estigmatización de la población migrante, especialmente de jóvenes magrebíes sin documentación.
Aunque en Navarra no se han producido episodios de violencia abierta como los registrados recientemente en otras localidades del Estado, Negu Gorriak alerta de un ambiente que recuerda a protestas vecinales contra centros de menores o a agresiones ocurridas en fiestas populares en distintos puntos de Euskal Herria. En este contexto, critican la estrategia de parte de la izquierda institucional por asumir, aunque sea parcialmente, los marcos de la ultraderecha en materia de seguridad y control.
La plataforma recuerda que formaciones como Podemos y EH Bildu respaldaron en su momento macrodesalojos en ciudades como Donostia o Bilbao, y que Contigo/Zurekin ha apoyado el desalojo de la Ikastola Jaso. Frente a ello, defienden que la única vía eficaz para frenar el avance de la extrema derecha pasa por iniciativas de solidaridad concreta y por la convivencia en espacios compartidos entre población migrada y autóctona, “en pie de igualdad”.
Promesas municipales y realidad sobre el terreno
El comunicado también pone el foco en las promesas incumplidas del consistorio. El actual alcalde aseguró en su investidura que nadie dormiría en la calle durante su mandato y ha reiterado que el gasto municipal en sinhogarismo se ha triplicado. Sin embargo, según denuncia Negu Gorriak, el número de plazas en albergues apenas ha aumentado y siguen cerrados recursos clave como los albergues de emergencia invernal y el de Damas Apostólicas.
A ello se suma, según la plataforma, un endurecimiento de los requisitos burocráticos para acceder a derechos básicos como el empadronamiento o la Renta Garantizada de Ingresos (RGI). Un fenómeno que, aseguran, no es exclusivo de Iruña, pero que en la capital navarra se traduce en un “exceso de celo administrativo” que deja fuera a las personas más vulnerables.
Entre la autoorganización y la exclusión
En su análisis final, Negu Gorriak/Derecho a Techo plantea una disyuntiva clara: o bien se tejen alianzas, complejas y contradictorias, con la población más precarizada y considerada “excedentaria” por el sistema, o bien se asume un modelo institucional que busca preservar el estado del bienestar para una mayoría cada vez más reducida, dejando al margen a quienes no encajan en ese perfil.
Mientras tanto, la campaña de invierno continúa, sostenida por la autoorganización y la solidaridad vecinal, en un intento de ofrecer una respuesta inmediata a una emergencia habitacional que, seis años después del inicio de la pandemia, sigue sin una solución estructural.
