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El Pacto de la Persona Mayor de San Juan denuncia esperas de año y medio para tarjetas de parking de movilidad reducida

Un 32% de los habitantes de San Juan tienen más de 65 años, y más del 42% supera los 80 años

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  • aparcamiento discapacitados

El Pacto por la Persona Mayor de San Juan – Donibane ha lanzado una llamada de atención al Gobierno de Navarra ante la insostenible demora en la obtención de tarjetas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. La entidad denuncia que la espera para obtener el reconocimiento oficial de discapacidad y el baremo de movilidad —requisitos indispensables para acceder a estas tarjetas— alcanza actualmente el año y medio, lo que califican como una vulneración de derechos básicos.

El problema se agrava en un barrio como San Juan – Donibane, donde, según el reciente Diagnóstico de las personas mayores publicado por el Ayuntamiento, el 32 % de la población es mayor de 65 años (6.223 personas), y de ellas, el 42 % supera los 80 años. Muchos de estos vecinos y vecinas enfrentan graves dificultades de movilidad, lo que les obliga a depender de bastones, andadores, sillas de ruedas u otros apoyos.

Cuando deben acudir a consultas médicas o recorrer distancias más largas, recurren a menudo al apoyo de familiares que les trasladan en coche. Sin embargo, estos conductores no pueden hacer uso de las plazas reservadas para personas con discapacidad si no disponen de la tarjeta correspondiente, lo que complica y dificulta el acceso a los servicios esenciales.

Pese a que la consejera de Derechos Sociales, Carmen Maeztu, anunció en febrero que se había pasado de dos a tres equipos de valoración para reducir las listas de espera, desde el barrio afirman que los plazos siguen superando ampliamente los límites legales.

El Pacto por la Persona Mayor de San Juan – Donibane suscribe las palabras del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y del gerente estatal del CERMI, Luis Alonso, quienes alertaron de que “la dilación en los procesos del reconocimiento de la discapacidad es muy grave, pues deja a estas personas sin derechos durante un tiempo muy prolongado”.

La entidad exige a las instituciones competentes que se implementen medidas urgentes y eficaces para reducir los tiempos de espera y garantizar así el derecho de las personas mayores a una movilidad digna y segura.

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