UPN ha criticado que la denominada proposición de ley foral por el derecho a la vivienda asequible presentada en el Parlamento de Navarra por los socios del gobierno y EH Bildu “dificulta aún más el acceso a la vivienda”.
Así lo ha manifestado en rueda de prensa el portavoz parlamentario de UPN en materia de vivienda, Juan Luis Sánchez de Muniáin, que ha denunciado que con esa proposición “se pierde una oportunidad de facilitar el acceso a la vivienda”, ya que “no se aborda ni una sola medida para agilizar la disposición de suelo para construcción de vivienda”.
Sánchez de Muniáin ha calificado la política que se propone como “reparto de las migajas”. “Si no se desarrolla más suelo, si no se dispone de parcelas de titularidad municipal o foral donde poner en marcha la política pública de vivienda, sólo les queda estrujar lo que ya se tiene, cada vez menos, hasta llegar a la nada más absoluta”, ha señalado.
Además, ha criticado que “dificulta aún más el acceso al alquiler” al añadir “nuevas trabas a los propietarios”. “Les prohíbe retener la fianza, y les obliga a depositarla en el Gobierno de Navarra. Si alquilan la vivienda, ya no van a disponer de la fianza del alquiler”, ha explicado.
Y ha denunciado que estos mismos propietarios van a pasar a ser “acosadores inmobiliarios” y “a seguir desprotegidos frente a los okupas”. “Se introduce el concepto de ‘acoso inmobiliario’ como motivo de sanción para el propietario que alquila su vivienda de una forma indeterminada y subjetiva, lo que supone aún más inseguridad jurídica y, en lugar de fomentar, disuade aún más el alquiler”, ha considerado.
El parlamentario de UPN también ha rechazado como punto negativo que se suprima la posibilidad del alquiler con opción de compra, ya que “obligan a los que acceden a una vivienda a perpetuarse en el alquiler, aunque no quieran”. Y ha criticado que “hablan de compromiso con el alquiler, pero eliminan el porcentaje de vivienda en régimen de alquiler al que están obligados las Administraciones Públicas”.
Por otro lado, ha destacado que “supone un varapalo a la rehabilitación” porque las ayudas “ya no van a depender sólo de la renta, sino también del patrimonio”. En este sentido, ha explicado que se excluye a quien tenga un patrimonio superior a los 100.000 euros, por lo que “quien viva en un pueblo de Navarra y posea otra vivienda en Pamplona o Tudela no puede acogerse a ayudas, por ejemplo”.
Asimismo, ha denunciado las dificultades que conlleva para la promoción de apartamentos tutelados o comunitarios por parte de la empresa familiar navarra, debido a las cláusulas inalcanzables que impone para acceder a subvención.
Finalmente, ha criticado que “establece un precio de renta único sin distinguir áreas ni zonas de Navarra. El precio máximo de la renta mensual de una vivienda de 90 metros en régimen de alquiler asequible lo fija en 742 euros sin importar si la vivienda se encuentra en el centro de Pamplona o en cualquier otro enclave de la Comunidad Foral”.
Los cambios que quiere introducir UPN
Sánchez de Muniáin ha anunciado que, entre las enmiendas que presentará la formación foralista, se encontrará la supresión de todos aquellos artículos que ponen más trabas al alquiler.
Además, ha propuesto la inclusión de la figura de las entidades urbanísticas colaboradoras en la concesión de licencias, tomando como referencia legislación de otras comunidades autónomas, “en favor de la agilidad en las tramitaciones de construcción y rehabilitación de vivienda”.
El portavoz regionalista en materia de vivienda también ha dado a conocer que UPN propondrá la supresión del artículo 18.2 de la Ley de cambio climático porque está haciendo inviables desarrollos urbanísticos como el de Donapea o el TAV, así como de la exigencia de la calificación energética A o B que establece la misma ley “puesto que es imposible cumplir esa exigencia”.
Por último, Sánchez de Muniáin ha exigido introducir en la ley de vivienda propuesta “la obligación de que se publique en tiempo real el número de demandantes de vivienda protegida”, así como una disposición transitoria que obligue al gobierno a actualizar la normativa de habitabilidad en un plazo de seis meses, debido a las obligaciones obsoletas que dificultan la creación o rehabilitación de viviendas.
