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El PSN-PSOE exige a CCOO una rectificación inmediata tras sus insinuaciones que consideran "infundadas"

Iso: “No hay opacidad ni irregularidades: la gestión es transparente,  rigurosa y legal” 

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  • Esther Iso, secretaria de organización del PSN-PSOE

El PSN-PSOE rechaza de forma rotunda las declaraciones realizadas por  responsables de CCOO Navarra, quienes han afirmado contar con  “pruebas de posibles irregularidades en la financiación de varios  Ayuntamientos”, entre ellos Viana, Mendavia y la Mancomunidad de  Servicios Sociales de la Zona de Buñuel. “Sus afirmaciones afectan  directamente a instituciones gobernadas por representantes socialistas,  y por tanto, exigimos una rectificación pública inmediata”, ha manifestado  la secretaria de Organización del PSN-PSOE, Esther Iso. 

Lejos de cualquier irregularidad o falta de transparencia, tanto el  Ayuntamiento de Viana como la Mancomunidad de Servicios Sociales de  Lazagurría, Lodosa, Mendavia, Sartaguda y Sesma, y la Mancomunidad  de Servicios Sociales de la Zona de Buñuel actúan con absoluta legalidad  y rigurosidad en la gestión pública. Las contrataciones y complementos  salariales se ajustan a la normativa vigente, responden a criterios  técnicos y necesidades del servicio, y están perfectamente regulados y  publicados. 

Los complementos retributivos del personal del Ayuntamiento de Viana,  por ejemplo, están recogidos en la plantilla orgánica aprobada, un  documento público y accesible. “No hay opacidad alguna. Resulta  especialmente grave que CCOO haya realizado estas acusaciones sin  contrastar la información con el propio Ayuntamiento y, de hecho, los  representantes sindicales de CCOO en el Ayuntamiento de Viana ni  siquiera tenían constancia de esta denuncia”, dicen. 

Ponen como ejemplo al Ayuntamiento de Viana donde “las trabajadoras  familiares en la zona básica de salud tienen asignado un complemento  del 20,35%, mientras que en el Ayuntamiento de Viana este asciende al 36%. Las integradoras sociales perciben un complemento del 37%, por  encima del 33,3% establecido en el convenio. Además, el Ayuntamiento  de Viana ha reforzado su plantilla con 6 trabajadoras familiares, cuando  por dotación oficial corresponderían 3,5. Esto refleja una clara voluntad  de reforzar los servicios públicos y mejorar la atención a la ciudadanía”,  apuntan los socialistas. 

Estos datos están disponibles públicamente y han sido aprobados en los  cauces legales correspondientes, sin alegaciones por parte de CCOO ni  de ningún otro sindicato. 

“Exigimos también que, cuando se trasladen datos o se realicen  valoraciones públicas, se haga con el máximo rigor y precisión. No es  admisible que se confundan instituciones —hablando de Ayuntamientos  cuando en realidad se trata de Mancomunidades— ni que se lancen  cifras sin el contraste y análisis adecuados. Esta falta de rigurosidad,  tanto en la forma como en el fondo, solo contribuye a desinformar a la  ciudadanía y a poner en cuestión injustamente el trabajo serio y  transparente que se realiza desde estas entidades públicas.” 

“Nos reservamos el derecho de estudiar las acciones legales que se  puedan derivar de unas acciones tan graves como estas, que afectan  directamente al buen nombre y la imagen de nuestras instituciones y de  los profesionales que las gestionan de manera correcta y legal”, añade  Iso. 

“Es profundamente irresponsable lanzar acusaciones sin contrastar,  alimentando una imagen injusta y errónea sobre instituciones que  trabajan con honestidad, transparencia y compromiso social”, afirman. “Reiteramos nuestro respaldo total a la alcaldesa de Viana, a la alcaldesa  de Mendavia, y a la presidenta de la Mancomunidad de Servicios  Sociales de la Zona de Buñuel, que lideran sus gobiernos con rigor,  vocación de servicio y cercanía a la ciudadanía”, ha subrayado Esther  Iso. 

El PSN-PSOE recuerda que la labor sindical también debe regirse por la  veracidad, el rigor y el respeto institucional. “Si existen discrepancias o  inquietudes, existen vías legales y canales de diálogo adecuados para  abordarlas, no declaraciones públicas que sólo generan alarma social y  dañan injustamente el trabajo de las administraciones locales y sus  profesionales”, concluyen.


 

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