El Gobierno de Navarra acordó hoy, en sesión extraordinaria, personarse como acusación particular en la causa penal 003/0020775/2020, tramitada en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, relacionada con presuntas irregularidades en licitaciones de obra pública, según el informe 96/2025 de la UCO de la Guardia Civil. La decisión responde a la posibilidad de que el Ejecutivo foral haya sido perjudicado por estas actuaciones, que podrían haber causado daños a la hacienda pública, dado que varias empresas mencionadas en el informe fueron adjudicatarias de contratos públicos.
La presidenta María Chivite destacó que esta acción busca “la defensa máxima de los intereses de la ciudadanía navarra” y se alinea con las tres auditorías ordenadas para garantizar transparencia, aunque no se ha constatado ilegalidad en las adjudicaciones. Estas auditorías, encomendadas a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, la Cámara de Comptos y una entidad externa, revisarán proyectos como viviendas en Egüés y Ripagaina, la reforma del Archivo de Navarra, oficinas en el Navarra Arena, el túnel de Belate y el colegio de Arbizu. La licitación de la auditoría externa está en fase de análisis técnico.
El Ejecutivo también analizó la situación política, reafirmando su compromiso con el programa de gobierno acordado en la investidura.
Redacción Pamplona Actual
