El ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha salido al paso del escrito del juez Peinado que solicita al Tribunal Supremo su imputación por el supuesto papel desempeñado en la contratación de Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Bolaños ha calificado la exposición motivada como un documento «lleno de errores de bulto» y ha asegurado sentirse «absolutamente tranquilo» al respecto: «Esa tranquilidad se ha visto reafirmada cuando he leído la exposición, porque no se sostiene por ninguna parte», ha declarado.
En una comparecencia pública celebrada en el Congreso, el ministro ha insistido en que nunca se le preguntó por quién nombró a Álvarez, como recoge el escrito del juez, sino que se le interrogó sobre quién propuso su nombramiento. «Y eso está en un Real Decreto: no era yo, no tenía competencia para hacerlo», ha subrayado, invitando a revisar su declaración íntegra, que fue filtrada y es de acceso público.
Bolaños ha evitado entrar en valoraciones sobre la actuación del juez Peinado, al ser preguntado directamente si considera que este podría estar prevaricando: «No me corresponde a mí hacer ese juicio. Nuestro sistema de recursos es sólido y ya ha habido tribunales superiores que han anulado partes de su instrucción», ha respondido, en alusión a resoluciones previas que han tumbado decisiones del propio magistrado.
¿Un asistente para tareas institucionales o privadas?
El núcleo del debate, sin embargo, no se limita al procedimiento administrativo del nombramiento. Lo que está bajo el foco judicial es si el puesto de Cristina Álvarez fue utilizado para asistir a Begoña Gómez en tareas estrictamente privadas o de carácter comercial, y no institucionales. Bolaños ha defendido que todas las esposas de los presidentes del Gobierno han contado con asistentes, e incluso con más de uno, «porque es necesario para atender compromisos oficiales, actos institucionales, llamadas, invitaciones…».
Pero al ser preguntado directamente por la posible implicación de esa asistencia en actividades privadas de patrocinio, el ministro ha evitado hacer distinciones explícitas, limitándose a reiterar que «siempre ha sido así» y que se trataba de un «puesto necesario».
Sobre su futuro: «Voy a seguir trabajando por una justicia mejor»
Cuestionado por la posibilidad de dimitir si el Tribunal Supremo admite el escrito del juez Peinado y abre causa contra él, Bolaños ha evitado comprometerse a dejar el cargo. «Lo que voy a hacer es seguir trabajando sin descanso por una justicia mejor. Estoy dedicado en cuerpo y alma a transformar el sistema judicial, que es lo que me toca», ha zanjado.
Por el momento, la pelota está en el tejado del Tribunal Supremo, que deberá analizar si existen indicios suficientes para investigar al ministro por presunta malversación o prevaricación. Mientras tanto, el caso sigue cargado de matices técnicos y ramificaciones políticas, en un escenario donde se entrecruzan responsabilidades funcionales, competencias orgánicas y una creciente batalla jurídica con claros efectos mediáticos.