«Somos un gobierno limpio». Con esa frase contundente, la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, defendió este lunes en el Parlamento la honestidad de su Ejecutivo y la ausencia de cualquier injerencia política en la adjudicación de las obras de los túneles de Belate. Lo hizo al término de una larga comparecencia en la comisión de Régimen Foral, a petición de UPN y del PP, que volvió a convertirse en un enfrentamiento abierto con la oposición, quienes junto a VOX volvieron a pedir infructuosamente su dimision..
Chivite sostuvo que «no hay datos nuevos» sobre la adjudicación de Belate y que lo que se está haciendo desde la oposición es «estirar el chicle» de una sospecha sin fundamento: «A día de hoy no hay ningún elemento que implique al Gobierno de Navarra en ninguna ilegalidad», sentenció.
Respondió una a una a las preguntas formuladas, negó cualquier tipo de trato de favor y aseguró que ni ella ni el consejero implicado han intervenido en los procesos de adjudicación. «No participo en las adjudicaciones, ni en esta ni en ninguna. Es un procedimiento reglado, técnico y transparente. Y el consejero tampoco ha dado instrucciones sobre el proceso ni sobre las empresas», afirmó.
Además, desmintió que hubiera ocultación de información: «Los correos electrónicos que se trasladaron a este Parlamento son los que existen entre los miembros de la mesa de contratación hasta la propuesta de adjudicación. Desde entonces, la mesa desaparece como tal. No hay más».
La presidenta también quiso dejar claro que el expediente de Belate recibió un reparo administrativo «no suspensivo», es decir, que no impedía la continuidad del proceso. «Todo está documentado y supervisado. Las actas, los informes y los pasos del proceso están donde deben estar. No hay nada que ocultar», insistió.
Sobre las reuniones que mantuvo con el empresario Anchón Alonso, Chivite recalcó que se trató de encuentros en el marco de su labor como presidenta para conocer proyectos de interés general. «Jamás me pidió un trato de favor. Y nunca hablamos de adjudicaciones», aseguró. Añadió que todas las reuniones constan en su agenda pública desde 2024, cuando se implementó un registro oficial de audiencias. «En poco más de un año he recibido a más de 400 personas. Es mi trabajo», defendió.
En cuanto a la posible implicación de Santos Cerdán, Chivite fue tajante: «Le trasladé la necesidad de contar con recursos del Estado para ejecutar una obra de gran envergadura. Pero jamás hablamos de adjudicaciones. Ni él tuvo participación alguna, ni yo intervine, ni lo hizo el consejero».
La presidenta reconoció que el informe de la Cámara de Comptos advertía de aspectos mejorables, pero dejó claro que «no señala ilegalidades» y que, de haberlas detectado, habría actuado de oficio. «Las recomendaciones serán tenidas en cuenta. Pero una cosa es mejorar procedimientos y otra muy distinta hablar de corrupción sin pruebas», aclaró.
Y frente a las insinuaciones de Esparza sobre la supuesta repetición de un patrón entre gobiernos socialistas y constructoras, Chivite sacó pecho: «Desde que soy presidenta, se han adjudicado 489 contratos de más de un millón de euros. La empresa Servinabar 2000 solo ha ganado dos. Se ha presentado a más y las ha perdido. Este no es un gobierno que amañe licitaciones, es un gobierno que compite en limpieza».
Por último, advirtió que no va a permitir que se ponga en duda el honor de su equipo: «Si alguien ha cometido una ilegalidad, que lo pague. Pero no voy a aceptar ser sospechosa de algo que no he hecho. Este gobierno es honesto, trabaja con transparencia y no tiene nada que esconder».
Con todo, Chivite cerró su intervención con un mensaje claro: «Insinúan mucho, pero no aportan nada. Lo que hay aquí es una investigación judicial, sí. Pero ninguna ilegalidad acreditada. Ningún cargo público implicado. Ninguna prueba. Solo ansiedad y deseos de que pase algo. Y eso no es una realidad, es un relato interesado».
