El instructor de la Causa Especial nº 20775/2020 del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente Segura, ha dictado este jueves dos autos clave que suponen un impulso relevante en la investigación del caso Koldo-Ábalos. Las nuevas diligencias, adoptadas a petición de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), buscan esclarecer el entramado económico y laboral que rodea al exministro José Luis Ábalos y otras personas y entidades vinculadas a la presunta trama. La decisión llega en el día en que se han filtrado unas fotos de Santos Cerdan en la cárcel.
En el primero de los autos, el magistrado se centra en el análisis de la situación económico-patrimonial del propio Ábalos, actual diputado en el Congreso. Un informe policial fechado el 8 de julio ha detectado importantes discrepancias entre los ingresos oficiales y los movimientos en sus cuentas bancarias. Según los datos aportados por la Agencia Tributaria (AEAT), Ábalos habría percibido del Congreso entre 2014 y 2024 un total de 751.421,57 euros, aunque solo constan 79.841,74 euros ingresados directamente en sus cuentas desde la cámara.
Además, las donaciones al PSOE también presentan diferencias notables: mientras que la AEAT recoge aportaciones por valor de 44.729,29 euros, solo se han localizado 8.471,36 euros en los productos bancarios analizados.
Para esclarecer estos puntos, el juez ha solicitado al Congreso un desglose detallado de las retribuciones abonadas a Ábalos desde 2014, así como al PSOE toda la información relativa a pagos al exministro y donaciones realizadas por él, incluyendo cuentas, fechas y conceptos. Ya se ha constatado la existencia de percepciones económicas en forma de nóminas desde cuentas del partido y del Grupo Parlamentario Socialista.
El segundo auto amplía considerablemente el ámbito de la investigación, solicitando a la Agencia Tributaria los informes fiscales de una docena de personas y empresas vinculadas al caso, entre ellas el navarro Joseba Antxon Alonso Egurrola y la mercantil Servinabar 2000 SLU, en cuyo caso se ha requerido también información a la Hacienda Foral de Navarra.
Además de Alonso, figuran en la lista nombres como Koldo García Izaguirre, Santos Cerdán León, Patricia Uriz Iriarte o los hermanos Fernández Menéndez, entre otros. Se ha solicitado a la Tesorería General de la Seguridad Social la vida laboral completa de estas personas entre 2014 y 2024, así como las altas y bajas de trabajadores en diversas empresas vinculadas a la trama, incluidas GEOALCALI SL, OPR, SERVINABAR 2000 SL y la Fundación FIADELSO.
Con estas nuevas diligencias, el juez Puente pretende cruzar datos patrimoniales, fiscales y laborales que permitan reconstruir los posibles flujos de dinero y relaciones contractuales que podrían estar en el origen de presuntos delitos de corrupción. La UCO será la encargada de gestionar estos mandamientos. Las partes personadas ya han sido notificadas.
