El sindicato ELA ha mostrado su rechazo frontal al preacuerdo alcanzado este 16 de julio entre la dirección de BSH Eskirotz y los sindicatos UGT, CCOO, ATISS y Solidari, que conforman la mayoría del comité de empresa, para ejecutar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a más de 600 personas trabajadoras. La planta, ubicada en la Cendea de Galar (Navarra), cesará definitivamente su actividad en diciembre.
Para ELA, se trata de una «sangría de despidos histórica» en Navarra, que deja en la calle a cientos de personas, muchas de ellas con décadas de antigüedad en la empresa. El sindicato ha recordado que BSH ha obtenido grandes beneficios económicos en los últimos ejercicios y ha repartido dividendos entre sus accionistas, por lo que considera «intolerable» que se escuden en causas económicas para justificar el cierre.
La central sindical vasca también ha cargado duramente contra las formas utilizadas por la dirección de la empresa, que el pasado 16 de diciembre de 2024 anunció su intención de cerrar la planta. Desde entonces, denuncian, más de 600 personas han vivido una «agonía de siete meses» que culminó con una última reunión de más de 12 horas, finalizada a las 2 de la madrugada de este mismo martes.
ELA acusa además a los sindicatos firmantes del acuerdo de haber «avalado las causas alegadas por la dirección», algo que —según recalcan— ni ellos ni el conjunto del comité de empresa sostenían hasta el último día del periodo de consultas. «La empresa tenía un plan preestablecido desde hace años para deslocalizar la producción y trasladarla a otras plantas del grupo. No estamos ante un problema de mercado, sino ante una decisión unilateral», han insistido.
El sindicato critica también que se haya renunciado a la vía judicial para intentar frenar el cierre, y ha querido trasladar su «solidaridad y apoyo» a todas las personas afectadas y a sus familias, quienes han estado presentes en todas las reuniones mantenidas durante el proceso.
ELA vuelve a exigir la derogación de las reformas laborales impulsadas por los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, que —según el sindicato— han permitido este tipo de decisiones empresariales sin protección suficiente para las y los trabajadores. «La responsabilidad también es política», concluyen.
