La senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN), María Caballero, ha defendido en la Cámara Alta la necesidad de inhabilitar a los políticos y a los cargos públicos que incurran en enaltecimiento del terrorismo o cuyas manifestaciones puedan suponer una humillación para las víctimas.
Caballero ha respaldado una proposición de ley presentada por el Partido Popular que incorpora un nuevo apartado al artículo 578 del Código Penal. La reforma prevé penas concretas para «autoridades, funcionarios públicos o representantes de partidos políticos» que incurran en esas conductas, que incluirían la inhabilitación especial para cargo o empleo público y la pérdida del derecho de sufragio pasivo durante periodos de entre uno y cinco años.
En su intervención, muy aplaudida por buena parte de la Cámara, Caballero ha subrayado que «estamos más que habituados a que se homenajee a terroristas, se hagan manifestaciones pidiendo su liberación, se les trate de presos políticos y se banalicen los delitos que han cometido». «Es inaceptable –añadió– que quien debe ser garante de la ley sea en realidad la imagen de la defensa y blanqueo de los terroristas».
La senadora recordó episodios recientes como la participación del concejal de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona, Endika Alonso, en el festival Hatortxu de apoyo a los presos de ETA en Lacunza, así como la exhibición de una pancarta con imágenes de dos de los condenados por el asesinato de su padre durante las fiestas de la Txantrea, que no fue retirada por el alcalde Joseba Asiron.
«Esta reforma no es un ataque a la libertad de expresión, sino una defensa de la libertad y de la democracia frente a quienes pretenden utilizarlas para blanquear el terrorismo», afirmó Caballero, que concluyó su intervención señalando que «la legitimación pública de ETA sigue muy presente en Navarra y el País Vasco» y apelando a «defender la memoria de las víctimas siempre con dignidad y pidiendo justicia».
