El debate sobre la moción de UPN para reforzar la transparencia en la contratación pública dejó este jueves un duro debate en el Parlamento de Navarra entre la portavoz socialista y el regionalista. Javier Esparza, portavoz de la formación regionalista, defendió la iniciativa –finalmente aprobada, aunque con modificaciones– y cargó con dureza contra el PSN y la presidenta María Chivite, a quienes acusó de “mentir” y de “encubrir” responsabilidades en torno al conocido como caso Koldo-Ábalos-Cerdán.
“El mayor escándalo político de los últimos 30 años nace aquí, en Navarra”, aseguró Esparza, recordando que Koldo García, principal investigado en la trama, “era afiliado del Partido Socialista de Navarra, concejal y posteriormente mano derecha del ministro Ábalos gracias a Santos Cerdán”. Según el líder de UPN, tanto la Fiscalía como la UCO y el Tribunal Supremo “han señalado la existencia de una red corrupta dedicada a cobrar mordidas en toda España”.
El dirigente regionalista reprochó a la portavoz socialista que insinuara su posible implicación en la adjudicación de la ampliación del Canal de Navarra, y lo interpretó como una maniobra de distracción. “Ahora que están enfangados hasta el cuello, pretenden hablar de UPN. Pero durante años callaron pese a tener información que podía dañarnos”, afirmó.
Esparza sostuvo que el contrato de ampliación de los túneles de Belate fue adjudicado de manera “ilegal”, con un sobrecoste de 76 millones de euros, según la Oficina Anticorrupción, y acusó al Ejecutivo foral de “saltarse de forma permanente la ley de contratos”. “Hoy modifican la norma, pero mañana volverán a saltársela”, ironizó.
El portavoz regionalista reclamó la comparecencia de la presidenta Chivite en comisión de investigación y le reprochó haber “mentido varias veces” para defender la honradez de su Gobierno. “Usted sabía más de lo que nos cuenta, recibió avisos y lo permitió todo”, le espetó desde la tribuna, advirtiendo que “la verdad terminará saliendo a la luz”.
Esparza también acusó a los socialistas de perseguir al funcionario que denunció irregularidades y de incumplir la ley de transparencia. “Si esto lo hubiera protagonizado un Gobierno de UPN, las calles estarían ardiendo”, subrayó, antes de agradecer el apoyo del PPN y del Grupo Mixto a la moción.
Finalmente, concluyó que la actitud del PSN responde a una estrategia política: “Prefieren aguantar a un gobierno socialista corrupto antes que permitir que UPN llegue al poder. Es legítimo, pero tendrán que explicarlo”.
El PSN acusa a UPN de “condenar antes de investigar” y denuncia su “estrategia de ruido y mentira”
Mientras, en su intervención, la portavoz del PSN-PSOE, Ainhoa Unzu cargó contra UPN por su actitud en el debate parlamentario sobre la gestión de los contratos públicos. La portavoz socialista, Ainhoa Unzu, acusó a la formación regionalista de “condenar antes de investigar” y de haber adoptado “una estrategia basada en el ruido, la mentira y la crispación” para desgastar al Gobierno foral.
“No hay corrupción en Navarra, por mucho que lo repitan. Lo que sí hay es control y propuestas de mejora en los procedimientos”, afirmó Unzu, citando las conclusiones de la Oficina Anticorrupción, que –recordó– ha descartado enriquecimiento ilícito, daños al patrimonio foral o conflictos de intereses en los expedientes analizados.
La dirigente socialista defendió que el Ejecutivo foral ha impulsado “niveles de control y supervisión que UPN nunca quiso implantar” y subrayó que la transparencia actual contrasta con la gestión de los anteriores gobiernos regionalistas. “Lo que antes se hacía en la penumbra, ahora es público y sometido a la máxima fiscalización”, señaló.
Unzu también reprochó a la oposición que “condene antes de investigar, pida dimisiones sin escuchar y arruine reputaciones sin importar el daño”. A su juicio, “UPN ha decidido parecerse cada día más a Vox” y utiliza las instituciones “no para ejercer control parlamentario, sino para la venganza política”.
El PSN recordó que ningún proyecto del Gobierno foral está investigado por el Tribunal Supremo ni hay miembros del Ejecutivo implicados en causa alguna. “¿Hay cosas que mejorar? Por supuesto. Pero lo que no hay es corrupción. Navarra avanza con rigor y seriedad mientras UPN se instala en la crispación y en el pasado”, concluyó Unzu.
La mocion aprobada
Finalmente, el Pleno del Parlamento respaldaba con los votos a favor de UPN, Geroa Bai, PPN, Grupo Mixto y no adscrita y los votos en contra de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin, una resolución por la que se insta al Gobierno de Navarra a que “que en los concursos públicos de más de 5 millones donde haya un voto particular en la mesa de contratación, remita obligatoriamente ese procedimiento para su revisión a la Junta de Contratación Pública de Navarra”.
La resolución aprobada incluye un segundo punto en el que, a su vez, se emplaza al Gobierno de Navarra a “cumplir escrupulosamente la Ley Foral de Transparencia en lo relativo a las agendas de los miembros del Gobierno y sus altos cargos y resto de personal obligado, y a que se publique en el Portal de Transparencia, con relación a las reuniones mantenidas con empresas, personas y entidades, la fecha y lugar de la reunión, todos los asistentes a la misma y el/los tema/s tratado/s”.
El texto original incluía otros dos epígrafes, ambos desestimados. El primero, con la oposición de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, abogaba por hacer obligatoria la comparecencia de la Presidencia del Gobierno en las comisiones de investigación abiertas en el Parlamento en torno a la gestión del Ejecutivo Foral. El segundo compelía al Gobierno de Navarra a “tomar medidas para proteger a los funcionarios de las mesas de contratación que emitan votos particulares de represalias y señalamientos desde el ámbito político”. En este último, la abstención de Geroa Bai ha decantado la balanza entre el respaldo de UPN, PPN, Grupo Mixto y no adscrita y el rechazo de PSN, EH Bildu y Contigo-Zurekin.
En la exposición de motivos, la moción impulsada por el G.P. UPN señala al Ejecutivo Foral por “ocultar información y limitar la comparecencia de funcionarios” en relación con las obras de duplicación de los túneles de Belate, conferidas a una UTE “de la que forma parte la empresa de la que es propietario Santos Cerdán, a quien los informes de la UCO asocian con una presunta trama vinculada a determinadas empresas y personas que resultaron adjudicatarias de obra pública por toda España, también en Navarra”.
En ese contexto y tras reivindicar la “ejemplaridad, el rigor y la transparencia en la gestión del dinero público”, el grupo proponente recuerda los “votos particulares y las advertencias de irregularidades formuladas por parte de miembros de la mesa de contratación” de Belate y se remite a la comisión de investigación en curso con el ánimo de “reforzar los mecanismos de control” y evitar cualquier atisbo de “sospecha”.
