La defensa legal de Santos Cerdán ha interpuesto este viernes un recurso de reforma contra el auto dictado el pasado 15 de septiembre por el juez instructor Leopoldo Puente, mediante el cual se rechazaba la práctica de nuevas diligencias de investigación solicitadas en un escrito de fecha 8 de septiembre. Este recurso critica con rigor la negativa judicial, que denegó la incorporación a la causa de documentación y actuaciones de otros procedimientos conexos, bajo el argumento de que eran procedimientos con objeto distinto y que su acumulación generaría dilaciones y desorden en el proceso.
El escrito presentado por la defensa, al que ha podido acceder Pamplona Actual, subraya que el magistrado eludió entrar al fondo del asunto en cuanto a la justificación de la relevancia y potencial eficacia exculpatoria de dichos documentos para la defensa. También reprocha que no se valorara la petición relativa a la incorporación de evidencias electrónicas clave para la investigación. En particular, destaca la contradicción subyacente en cuanto a la existencia de procedimientos acumulados cuando el auto sostiene que los hechos objeto de cada uno son distintos, lo que, según la defensa, debería haber dado lugar a la incoación de un nuevo procedimiento separado.
Además, el recurso denuncia la indefensión experimentada por la defensa ante la negativa de acceso al contenido íntegro de las actuaciones del Juzgado Central de Instrucción número 2, especialmente la declaración de Víctor Gonzalo de Aldama, pieza fundamental contra Cerdán. Denuncia asimismo que el Ministerio Fiscal en su escrito de oposición a la libertad confirma esta situación y que la excusa de evitar dilaciones y un supuesto “desorden” procesal como argumento jurídico es infundada y contraria a garantías constitucionales, aludiendo incluso a procedimientos sumarísimos carentes de garantías procesales.
Por otra parte, la defensa expone igualmente su crítica a la manera en que la Guardia Civil está tramitando informes económicos y otros documentos, alertando que estos deberían ser elaborados por peritos cualificados y no por funcionarios que, según la defensa, no tienen la competencia técnica necesaria, lo que limita el valor probatorio de estos “informes”.
Respecto al material probatorio basado en audios, la defensa pone en duda tanto la integridad como la autoría de estas grabaciones, señalando claras indicaciones de manipulación, edición y exclusión de gran parte del material. Se insiste en la urgente necesidad de acreditar la cadena de custodia desde la obtención hasta su incorporación en la causa para asegurar la validez de estas pruebas. La defensa también plantea hipótesis alternativas plausibles sobre la alteración o creación voluntaria de pruebas en perjuicio de Cerdán por parte de otros investigados.
Finalmente, el recurso reprocha la consideración irónica y peyorativa del juez hacia la defensa al calificarla como “paladín de los derechos parlamentarios”, defendiendo que la actuación sostiene la protección de derechos fundamentales y constitucionales vulnerados, especialmente en lo relativo a las medidas de interceptación y el respeto a la inmunidad parlamentaria de Cerdán cuando aún ostentaba el cargo. Denuncia además una distorsión del auto de 4 de febrero de 2025, que ordenó diligencias que ahora se pretende minimizar en su alcance para eludir responsabilidades en la instrucción.
Por todo ello, la defensa solicita que el Tribunal Supremo admita el recurso y acuerde la práctica de todas las diligencias inicialmente solicitadas, asegurando que se respeten los derechos fundamentales del investigado y se garantice una investigación diligente y completa.
