En las últimas horas hemos conocido un nuevo informe sobre el caso de los contratos con Servinabar, en concreto un procedente de auditoría externa, y solicitado por la Corporación Pública Empresarial de Navarra, ha puesto en el centro de la polémica la adjudicación realizada en 2018 por Nasuvinsa –la empresa pública navarra de vivienda– para la construcción de 62 pisos de protección oficial en Erripagaña, adjudicada a la empresa de Antxón Alonso, Servinabar, en el ojo del huracán por el caso 'Koldo-Ábalos-Cerdán', que según el juez instructor también era propiedad del ex dirigente del PSN.
El documento- al que ha podido acceder Pamplona Actual- supone unas conclusiones más que coincidentes con las advertencias previas de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA).
Según el informe, el procedimiento administrativo estuvo plagado de deficiencias graves. Destaca la ausencia de actas y documentación básica –imprescindible para comprobar la admisión y evaluación de participantes–, así como la imposibilidad de verificar si se constituyó el aval bancario de 30.000 euros exigido en el pliego de condiciones. No existen registros fehacientes sobre la apertura y valoración de ofertas, un vacío que impide comprobar el correcto cumplimiento de los criterios legales establecidos.
La falta de publicidad y validez jurídica
A esta cascada de irregularidades se suma el incumplimiento de la transparencia que exige la Ley Foral de Contratos Públicos: la adjudicación no fue publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) dentro del plazo legal, y en uno de los expedientes tampoco se realizó la publicación trimestral exigida. El informe deja claro que Nasuvinsa no incluyó en el cálculo del “valor estimado” las modificaciones previstas al alza del contrato, otro aspecto clave para la legalidad financiera del procedimiento.
La empresa auditora subraya que la acumulación de incumplimientos no constituye meros errores formales, sino que vulnera los principios esenciales de la contratación pública y del derecho administrativo. La propia OANA ya había señalado que “se ignoraron absolutamente todos los principios de legalidad, transparencia y concurrencia”, lo que según el texto “anula de pleno derecho” la validez del expediente.
Cambios “indispensables e imprevisibles” sin aval técnico
El documento también llama la atención sobre las modificaciones introducidas por Nasuvinsa en el contrato, como el amueblamiento mínimo, instalación de cocinas y cámaras de vigilancia. El carácter “indispensable e imprevisible” de estas medidas no pudo ser respaldado documentalmente, al no constar la fecha de los requisitos técnicos que lo justificaran. El informe advierte que sin esa trazabilidad no es posible valorar la pertinencia de los cambios, lo que alimenta aún más las sospechas sobre la opacidad del proceso.
