El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha dictado un auto en el que decide dividir en dos la investigación que se sigue contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos y varias personas de su entorno como el ex secretario de organización Santos Cerdán, actualmente en prisión preventiva.
La causa original, ya muy avanzada, continuará centrada en las presuntas irregularidades en contratos de adquisición de mascarillas durante la pandemia. En paralelo, se abre ahora una pieza separada que arranca en fase incipiente y que se centra en las adjudicaciones de obra pública que habrían sido concedidas de forma irregular.
En esta nueva pieza figuran como investigados José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, Santos Cerdán, Víctor D.A. y varios empresarios vinculados. Según el auto, se trata de conductas relacionadas con la adjudicación indebida de contratos de obra pública “a cambio de precio”.
Puente distingue entre dos líneas: las adjudicaciones presuntamente impulsadas bajo la “dirección y supervisión” de Cerdán, en beneficio de Acciona Construcción y otras empresas en UTE, y aquellas de menor entidad económica que habrían sido controladas por Ábalos y García.
Mientras tanto, en la causa inicial se mantiene la investigación sobre las contrataciones de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión, los supuestos beneficios económicos para Ábalos y García, así como la influencia ejercida por estos en favor de terceros, desde gestiones con altos cargos ministeriales hasta colocaciones en empresas públicas sin actividad efectiva.
El juez resume que el procedimiento se bifurca en dos grandes bloques: uno, en fase avanzada y cercano a cerrarse, sobre contratos sanitarios y tráfico de influencias; y otro, aún en sus primeros pasos, sobre adjudicaciones irregulares de obra pública.
