El líder popular ha señalado que estos contratos «han ocasionado un perjuicio para el interés público» y ha recordado que el próximo jueves el Parlamento de Navarra debatirá una moción registrada por su grupo para instar a los consejeros de Cohesión Territorial y de Vivienda a iniciar los trámites de declaración de lesividad.
García ha criticado la actitud de la presidenta y ha asegurado que «a Chivite hace tiempo ya que se le agotaron las excusas para no aceptar las abrumadoras valoraciones de los informes sobre los contratos de obras públicas que ella misma encargó». En su opinión, los documentos de la OANA y de la auditoría externa «dejan muy claro que los incumplimientos exceden de meras irregularidades administrativas».
El dirigente del PPN ha lamentado que la presidenta rechazara emprender acciones legales pese a haberlo anunciado en junio. «Su respuesta volvió a dejar bien claro el poco valor que tiene su palabra, su credibilidad y la transparencia de este Gobierno», ha dicho.
En este sentido, ha insistido en que si el Ejecutivo no actúa, será su partido el que lleve los informes a la Fiscalía. «El Gobierno tendrá una oportunidad de rectificar por unas obras que debían haber sido nulas de pleno derecho», ha añadido, al tiempo que ha pedido a Chivite «dejar a un lado la hipocresía y actuar con contundencia y responsabilidad».
García ha acusado a la presidenta de «jugar a confundir a los navarros con interpretaciones tramposas» y ha sostenido que, si de verdad se apuesta por la transparencia, se debe cumplir con lo que señalan los informes. «Lo inadmisible es que, si no me gusta lo que dicen, los menosprecio y encargo otros para ver si resultan más favorables», ha denunciado.
Por último, ha recalcado que las valoraciones de la OANA y de la auditoría externa «arrojan evidencias de que estos actos administrativos han ocasionado un perjuicio para el interés público». Por ello, ha instado al Ejecutivo foral a aceptar sus conclusiones y a trasladar la decisión a los tribunales para que sean éstos quienes determinen si los contratos deben ser anulados.