El Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional tras la ejecución de dos desahucios con “fecha abierta” en el Casco Viejo de Pamplona el pasado mes de junio. En ambos casos, las familias afectadas fueron desalojadas sin recibir notificación previa del día y la hora del lanzamiento, una práctica expresamente prohibida por la legislación vigente.
Los hechos se produjeron después de que sendas protestas vecinales lograran aplazar las fechas iniciales de desalojo. Sin embargo, tras agotar las vías judiciales en Pamplona, el Sindicato ha decidido elevar el caso al Constitucional al considerar que se vulneraron derechos fundamentales como el derecho a la defensa y a la seguridad jurídica.
Dos desahucios en menos de dos semanas
El primer desahucio tuvo lugar el 11 de junio en la calle San Lorenzo, donde fue desalojada una mujer de 57 años con una discapacidad reconocida del 75 %. Su lanzamiento, previsto inicialmente para el 4 de junio, se había suspendido por la movilización popular. Sin embargo, pocos días después, el juzgado ordenó un nuevo desalojo sin aviso previo.
El segundo caso ocurrió el 20 de junio, en la calle Jarauta, donde Sadaha y su hijo fueron desalojados en circunstancias similares. Tras una primera paralización, el juzgado habilitó un periodo abierto para la ejecución del lanzamiento, sin comunicar la fecha exacta a la familia.
En el auto judicial de este segundo caso —aportado como prueba por el Sindicato— puede leerse:
«Carece de sentido y fundamento notificarlo a la parte demandada con un margen de antelación que pueda dar lugar a una nueva movilización que impida de nuevo la práctica del lanzamiento sin riesgo de alteración del orden público».
Una práctica expresamente prohibida por ley
Los denominados desahucios en abierto, aquellos que se ejecutan sin fecha ni notificación, están prohibidos tanto por la Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000 como por la Ley de Vivienda Estatal aprobada en 2023, que reforzó esta prohibición para garantizar la defensa judicial efectiva de las personas afectadas.
Desde el Sindicato Socialista de Vivienda consideran que permitir estas actuaciones supone un grave retroceso en materia de derechos, al dejar a las familias trabajadoras en total incertidumbre sobre el momento en que perderán su hogar.
El primer caso judicializado desde la nueva Ley de Vivienda
Tras presentar alegaciones en Pamplona, que fueron desestimadas por el juzgado, el Sindicato decidió acudir al Tribunal Constitucional, convirtiendo este en el primer caso judicializado de este tipo desde la aprobación de la nueva ley estatal.
El objetivo, según la organización, es impedir que se consoliden precedentes que normalicen prácticas «arbitrarias y contrarias a derecho». En su comunicado, el Sindicato afirman que «debemos utilizar todos los cauces necesarios para que este tipo de actuaciones no queden impunes. Si el Tribunal fallara a nuestro favor, podríamos sentar un precedente que ayudara en la defensa de los derechos políticos de la clase trabajadora».
El colectivo insiste en que su acción no responde únicamente a estos casos concretos, sino a una defensa más amplia de los derechos políticos y sociales de la clase trabajadora, en un contexto que califican de «ofensiva económica y política» contra los sectores populares.
