El Gobierno de Navarra ha dado un paso significativo en la creación de un registro de grupos de interés, conocido como 'lobbies', con el objetivo de fomentar la transparencia en las relaciones entre los poderes públicos y empresas, asociaciones o cualquier organización que busque influir en la elaboración de políticas. Esta iniciativa es parte de un conjunto de medidas destinadas a fortalecer la gobernanza democrática y la confianza ciudadana en las instituciones.
El registro de grupos de interés es una de las principales novedades del anteproyecto de Ley Foral que modifica la Ley Foral 5/2018, de 17 de mayo, sobre Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. El texto, aprobado este miércoles en sesión de gobierno, será remitido al Parlamento de Navarra para su debate y aprobación definitiva. El vicepresidente primero y consejero de Presidencia e Igualdad, Félix Taberna, ha explicado los detalles en una rueda de prensa.
Un plan integral para la participación ciudadana
El vicepresidente Taberna ha subrayado que esta reforma es parte de los seis ejes de trabajo del Gobierno de Navarra para mejorar la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas. Este enfoque está alineado con el Plan de Acción para la Democracia de la Comisión Europea. El plan incluye la creación de redes y consejos de participación, la promoción de la transparencia mediante la Ley Foral impulsada y la mejora del acceso a la información pública.
Además, se busca consolidar mecanismos de rendición de cuentas y auditoría ciudadana, reforzar las políticas de ética pública y combatir la desinformación con programas de alfabetización mediática y acuerdos con organismos europeos. También se plantean medidas para mejorar la atención ciudadana, especialmente en el ámbito rural y en materia de igualdad de oportunidades, con el fin de garantizar la cohesión social y el equilibrio territorial.
Gestión del registro por la OANA
La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de la Comunidad Foral de Navarra (OANA) será la encargada de gestionar el nuevo registro de grupos de interés, según la Disposición Adicional Undécima incorporada a la Ley Foral de Transparencia. Este registro será de aplicación en el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra y la Presidencia de la Comunidad Foral de Navarra. La OANA desarrollará esta herramienta junto con el Gobierno de Navarra, que la aprobará mediante decreto foral.
El propósito es establecer un Código de Conducta para los grupos de interés en sus relaciones con las instituciones, garantizando la transparencia y honestidad. El vicepresidente Taberna ha destacado la importancia de convertir la transparencia en una forma de gobernar y de convertir la Administración en una «casa de cristal», para recuperar la confianza ciudadana y establecer barreras contra la corrupción.
Inscripción obligatoria para grupos de interés
La Ley Foral 5/2018 define a los grupos de interés como organizaciones y personas que, profesionalmente, influyen en la elaboración de políticas o disposiciones normativas en el territorio foral. La inscripción en el nuevo registro será obligatoria, facilitando la identificación y control de todas las actividades, independientemente del canal utilizado. El registro publicará las actuaciones de los grupos de interés, incluyendo reuniones y audiencias con autoridades y comunicaciones relacionadas.
La reforma de la Ley de Transparencia también busca reforzar la integridad democrática mediante la creación de este registro y la mejora de los mecanismos de rendición de cuentas. La OANA, que no existía en la última redacción de la normativa, se añade como entidad depositaria de información pública. También se plantean cambios para potenciar el papel del Consejo de Transparencia y garantizar su independencia y capacidad de respuesta.
Cambios en el Consejo de Transparencia
El Consejo de Transparencia verá ajustada su composición, eliminando la presencia de representantes políticos del Parlamento de Navarra y añadiendo una persona de perfil técnico de la Cámara Foral. El Consejo estará integrado por la persona titular de la presidencia y siete vocalías ocupadas por personal técnico de diversas entidades. La presidencia del Consejo tendrá un mandato de seis años, sin posibilidad de renovación.
Las personas integrantes del Consejo podrán recibir remuneraciones por ponencias para la resolución de reclamaciones. Además, el Consejo podrá obligar a las Administraciones Públicas a depurar responsabilidades en caso de infracciones y permitirá que parlamentarios y representantes de entes locales presenten reclamaciones. En cuanto a publicidad activa, se introducirán medidas para mejorar la transparencia en la difusión de información pública.
El Gobierno de Navarra apoyará a las entidades locales para cumplir con sus obligaciones de transparencia, y el Tribunal Administrativo de Navarra publicará todas las resoluciones de los recursos de alzada que tramite. Navarra lleva más de una década reforzando sus mecanismos de transparencia, con la Ley Foral 11/2012 y la Ley Foral 5/2018, que han establecido el derecho a la información pública como un pilar de la gestión administrativa.
