El Defensor del Pueblo de Navarra ha vuelto a llamar la atención al Ayuntamiento de Pamplona/Iruña por su manera de gestionar la salida de personas sin hogar del albergue municipal de Trinitarios. En apenas unos días, la institución que encabeza Patxi Vera ha emitido dos resoluciones dirigidas al consistorio, ambas motivadas por la misma problemática: la falta de respuesta y acompañamiento a personas que, en el mes de agosto tras agotar las tres noches máximas de estancia, se vieron obligadas a abandonar el recurso sin una valoración social inmediata ni una alternativa.
Una de ellas, se centra en un caso doble: el de dos mujeres jóvenes, una de nacionalidad marroquí y otra argelina, que el pasado 5 de agosto fueron expulsadas del albergue tras sus tres noches reglamentarias. Según denuncia la asociación Elkarri Laguntza–Apoyo Mutuo, que presentó la queja, ninguna fue derivada al Equipo de Atención en Calle ni al Servicio de Alta Exclusión, ambos dependientes del Ayuntamiento.
Ese mismo día, acompañadas por dos jóvenes que ejercieron de intérpretes, acudieron al Área de Acción Social de Zapatería 40. Allí, según recoge la queja, no fueron atendidas ni orientadas, quedando literalmente en la calle. La situación motivó que acabaran presentando su malestar en el SARX y que finalmente fuera una fundación –no el Ayuntamiento– la que asumiera dos noches de alojamiento urgente en un hotel.
El Defensor subraya que este episodio no es aislado y que coincide con otra resolución previa, emitida por el mismo motivo, en la que también se reprochaba al Ayuntamiento la falta de atención tras la salida del albergue a una persona en situación de calle. Ambas resoluciones apuntan en la misma dirección: la necesidad de revisar el protocolo municipalpara garantizar que nadie quede sin contacto ni valoración profesional en un momento de máxima vulnerabilidad.
“No se puede abocar a nadie a la calle sin seguimiento”
En su análisis, la institución recuerda al Ayuntamiento que la Ley Foral 15/2006 de Servicios Sociales es muy clara al establecer que cualquier persona en situación de urgencia o indigencia tiene derecho a acceder a las prestaciones necesarias, y que dicha situación debe ser valorada por profesionales de los servicios sociales.
El Defensor considera que, en coherencia con este marco legal, el Ayuntamiento debería ofrecer una cita de valoración en el mismo momento de la salida del albergue, o al menos indicar claramente a la persona dónde y cómo obtenerla. En lugar de ello, señala la resolución, las personas afectadas se ven obligadas a peregrinar entre recursos municipales sin lograr una atención efectiva.
El informe remitido por el consistorio defiende que las mujeres recibieron las tres noches estipuladas para personas no empadronadas y que la actuación del personal fue la correcta. Sin embargo, el Defensor concluye que la pauta municipal no garantiza una derivación efectiva ni una valoración urgente.
Una recomendación que se repite
Tanto en esta resolución como en la anterior –la también dirigida al Ayuntamiento por un caso idéntico de desatención– el Defensor del Pueblo insiste en la misma recomendació, la de ofrecer una cita inmediata de valoración social a toda persona que abandone el albergue municipal tras agotar su estancia, o al menos orientarla con precisión sobre cómo obtenerla.
La institución advierte de que el incumplimiento de esta recomendación podría llevar a incluir el caso en el informe anual al Parlamento de Navarra de 2025, con mención expresa al Ayuntamiento.
Por ahora, el consistorio tiene dos meses para comunicar si acepta la recomendación y qué medidas concretas pondrá en marcha para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse.
