La Intervención General de Hacienda del Gobierno de Navarra ha emitido un reparo no suspensivo al pliego de condiciones económicas previsto para los encargos a Nasuvinsa en 2026, un informe que abre dudas relevantes sobre la consideración de la sociedad pública como ente instrumental y que empuja en el futuro a una revisión acelerada del actual sistema de encargos.
El documento, fechado el 6 de noviembre de 2025 y recibido el día 12, analiza la propuesta de Orden Foral elaborada por el Departamento de Vivienda y pone en cuestión que únicamente el 25% de la actividad de Nasuvinsa proceda de encargos expresos del Ejecutivo, mientras el resto deriva de operaciones propias de mercado, como ventas y alquileres de inmuebles. La Intervención recuerda que esta proporción es determinante para acreditar la condición de medio propio y alerta de que, en términos de negocio, la sociedad pública prevé ingresar 10,79 millones por encargos en 2026, frente a una cifra total de 40,24 millones, lo que refuerza su perfil de operador de mercado.
El informe insiste en que no basta con invocar de forma genérica la política pública de vivienda para justificar encargos directos: estos deben ser expresos, concretos y vinculados a prerrogativas administrativas, de acuerdo con la jurisprudencia del TJUE y del Tribunal Supremo, que exigen una interpretación estricta para no distorsionar la libre competencia. Además, advierte de riesgos en la determinación de los costes reales, al mezclarse actividades instrumentales y otras puramente comerciales, y señala también una sobrevaloración del 2% en salarios, aún pendiente de aprobación general.
La secretaría general técnica del departamento de Vivienda cerró el trámite el 12 de noviembre con un informe final en el que reconoce el reparo y confirma su carácter no suspensivo, según el artículo 21.3 del Decreto Foral 31/2010. Esto permite seguir adelante con el pliego sin paralizar el expediente. La secretaria general técnica ratifica asimismo la vigencia de la declaración de Nasuvinsa como ente instrumental, establecida por el Gobierno en 2016 y prorrogada por la Ley Foral 6/2020, pero asume las dudas de fondo y emplaza a un análisis urgente en los próximos meses para ajustar la situación jurídico-económica de la sociedad antes de futuros ejercicios.
Finalmente, en esa misma fecha, la consejera de Vivienda, Begoña Alfaro firmó la orden foral aprobando el pliego de condiciones económicas que han de regir los encargos a Nasuvinsa en 2026, obviando las dudas de legalidad mostradas por la Intervención amparadas por los criterios de su secretaría general técnica.
A la espera de esa revisión, el reparo de Hacienda deja en evidencia un debate de creciente calado sobre el encaje legal de los encargos a esta sociedad pública navarra y su papel real en el mercado inmobiliario.
Otros informes ya cuestionaron el modelo
La lupa de los técnicos de intervención no acaba ahí ya que en el verano pasado, la consejera de Vivienda y vicepresidenta tercera de Navarra, Begoña Alfaro, tuvo que comparecer en el Parlamento para explicar y defender la actuación del Gobierno y de Nasuvinsa en relación con los informes de la intervención que advertían irregularidades en la promoción y construcción de viviendas de protección oficial (VPO).
Alfaro subrayó que los reparos suspensivos que señalaban supuestas irregularidades y sobrecostes fueron resueltos favorablemente por la instancia superior, la intervención general, que avaló la gestión del departamento, descartando así críticas sobre un monopolio o mala administración. Recalcó que “no existe ningún sobrecoste de 40 millones de euros” y calificó como “manipulación” las comparativas presentadas por la intervención delegada, que mezclaban precios y conceptos no comparables, además de recordar que los incrementos en precios responden a factores externos como la crisis inflacionaria o las exigencias energéticas de la Unión Europea para recibir fondos europeos.
