Podemos Navarra y Alianza Verde impulsaron en Civivox Condestable de Iruñea una mesa redonda titulada “Mina Muga. Contaminación y corrupción”, con el objetivo de analizar críticamente el proyecto minero situado entre Navarra y Aragón. Durante el encuentro, diversas voces expertas denunciaron que, tras doce años de tramitación, el proyecto se ha revelado como una operación de minería especulativa que pone en riesgo la estabilidad del territorio.
Ciencia frente a los riesgos geológicos
El doctor en Geología Antonio Aretxabala defendió la necesidad de situar el conocimiento científico en el centro de las decisiones públicas. Aretxabala alertó de que ignorar los límites físicos del terreno conduce a un deterioro irreversible y calificó a Mina Muga como un proyecto puramente especulativo. Según el experto, se han desoído sistemáticamente las advertencias técnicas, comparando la situación con los problemas históricos del recrecimiento del pantano de Yesa.
El precedente de la Sierra del Perdón
Por su parte, Enrique Miranda, representante de la Plataforma Unitaria contra las Minas de Potasa, recordó las consecuencias estructurales de antiguas explotaciones en la Sierra del Perdón. Miranda señaló que durante 35 años los pueblos sufrieron hundimientos y grietas en viviendas, una experiencia que fundamenta el rechazo social actual. "La oposición vecinal ha sido la única barrera real frente a un proyecto que no tiene en cuenta el bienestar del territorio", afirmó.
Denuncia de "pelotazo" urbanístico y minero
La coordinadora de Podemos Navarra, Neniques Roldán, centró su intervención en el plano político, denunciando que el proyecto ha permitido a una microempresa pasar de un valor de 3.000 euros a 15 millones de euros sin haber iniciado la extracción. Roldán criticó que se utilice una Ley de Minas obsoleta para amparar procesos de enriquecimiento privado y lamentó que las instituciones busquen financiación pública para este "pelotazo", ignorando las alertas sobre el impacto ambiental y social.
Finalmente, Carmen Tejero, de Alianza Verde, reclamó la independencia de los informes técnicos y la protección de los funcionarios frente a las presiones empresariales, instando a una revisión total de la transparencia del proceso.
