El secretario general del Partido Popular de Navarra (PPN) y diputado foral, Sergio Sayas, ha anunciado este viernes la preparación de una nueva ley para reformar el sistema de renta garantizada, con el objetivo de endurecer las condiciones de acceso y permanencia y reforzar los mecanismos de control. Durante la presentación de la iniciativa, Sayas ha asegurado que “el dinero de los navarros no puede ir destinado a gente que quiere vivir sin trabajar”.
En una rueda de prensa celebrada en Pamplona, el dirigente popular ha acusado al Gobierno de Navarra de mantener un modelo marcado por “el despilfarro y el descontrol”, y ha avanzado que el texto legal será presentado el próximo mes tras un periodo de análisis y contacto con distintos agentes sociales.
Según ha explicado, la propuesta del PP pretende impulsar “un modelo que incentive el empleo, con reglas claras y más control”, y contempla la pérdida automática de la prestación para quienes rechacen una oferta de trabajo, así como la incorporación obligatoria desde el primer momento a programas públicos de inserción laboral.
Entre las medidas previstas también figura el endurecimiento de los requisitos de acceso, especialmente en lo relativo a la residencia legal en Navarra.
Sayas ha criticado que la Comunidad foral destine actualmente 111 millones de euros a la renta garantizada, a los que se suman otros 60 millones procedentes del Estado a través del Ingreso Mínimo Vital. A su juicio, el hecho de que solo el 13% de los perceptores acceda a un empleo demuestra “el fracaso del modelo actual”.
El dirigente del PPN ha comparado la situación con la vivida durante la crisis económica, cuando el gasto rondaba los 30 millones de euros y había 7.918 perceptores, frente a los más de 111 millones y 16.758 beneficiarios actuales, a pesar de que el crecimiento económico alcanza el 2,7% del PIB. “Estos datos reflejan que el sistema no está cumpliendo su función de inserción”, ha señalado.
Asimismo, ha recordado que el grupo parlamentario del PP solicitó a la Cámara de Comptos un informe que, según ha indicado, detectó algún tipo de incumplimiento en el 76% de los perceptores inspeccionados. “Estos datos demuestran que no existe control suficiente ni consecuencias claras por parte del Gobierno de Navarra”, ha concluido.
