El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha defendido este jueves en el Pleno del Parlamento la necesidad de adecuar los contratos del profesorado de religión a la carga lectiva real y ha señalado que la eventual derogación del blindaje legal —planteada en una proposición de ley registrada por PSN y Contigo Zurekin— permitiría liberar recursos para otras prioridades del sistema educativo.
La cuestión se ha abordado a raíz de una pregunta oral formulada por la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, quien ha recordado que actualmente se paga el equivalente a cerca de 44 jornadas completas de docentes de religión que no imparten clase, lo que supone más de dos millones de euros anuales. La parlamentaria ha defendido la iniciativa legislativa al considerar que busca “coherencia, rigor y responsabilidad” en la gestión de los recursos públicos y ha subrayado que ajustar los contratos a las necesidades reales “no es un ataque a nadie”, sino una medida alineada con el carácter aconfesional del sistema público.
En su respuesta, Gimeno ha reconocido que, a título personal, considera que la religión debería estar fuera de la escuela, aunque ha insistido en que como responsable del departamento debe actuar dentro del marco legal vigente. El consejero ha cifrado en 1.020 horas lectivas no impartidas el volumen actual financiado por el presupuesto, lo que equivale a más de 2,19 millones de euros, y ha calificado esta situación de “no razonable”.
Según ha explicado, los recursos que podrían liberarse a partir del curso 2026-2027 se destinarían a áreas estratégicas como el impulso de la formación profesional dual, la ampliación de la oferta educativa con nuevos grupos y docentes, la reducción de carga horaria para coordinadores de bienestar, el refuerzo de equipos directivos en centros públicos o la atención al alumnado en riesgo de exclusión. Gimeno ha insistido además en que la medida no implicaría despidos, sino la modificación de los contratos para adaptarlos a la carga lectiva efectiva.
El consejero ha defendido que la derogación de la norma supondría “avanzar hacia la vanguardia educativa” y facilitaría la modernización del sistema en paralelo a reformas normativas en curso, como la actualización del reglamento orgánico de los centros educativos y la futura revisión del decreto de jornadas y horarios.
Tras el intercambio, el parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha intervenido para expresar su malestar por la forma en que se ha planteado la iniciativa. Aunque ha afirmado que su grupo comparte el objetivo de reforzar la aconfesionalidad en la educación pública, ha reprochado al consejero que no facilitara previamente los datos necesarios para un debate en profundidad y ha reclamado diálogo antes de avanzar en cambios legislativos de esta naturaleza.
El debate parlamentario continuará en torno a una proposición de ley que abre una discusión política sobre el encaje de la asignatura de religión en la escuela pública y la gestión de los recursos destinados a este colectivo docente en Navarra.
