La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, compareció este miércoles ante la comisión de investigación parlamentaria creada para examinar las adjudicaciones de obra pública de las últimas cuatro legislaturas, en lo que supuso la última jornada de comparecencias de un proceso que se ha extendido durante meses y ha reunido a más de cuarenta comparecientes. Chivite se presentó ante la comisión con una posición firme: no hay corrupción en su gobierno, no la ha habido, y no asumirá responsabilidades políticas por algo que, a su juicio, no ha ocurrido.
Una declaración inicial sin concesiones
Antes de que comenzaran las preguntas de los grupos, la presidenta tomó la palabra para fijar su postura de partida. Recordó que toda adjudicación en la administración foral se rige por la ley foral de contratos públicos y que las mesas de contratación que toman las decisiones son órganos estrictamente técnicos, sin participación de cargos políticos. "Nadie puede señalarme ni a mí ni a mi gobierno como implicados en delitos ni en intentos de interferir en el resultado de ninguna licitación", afirmó.
Chivite sí reconoció que los informes de auditoría han detectado aspectos mejorables en los procedimientos administrativos, y enumeró las reformas ya introducidas: digitalización de expedientes, mejora de los criterios de adjudicación y un sistema de puntuación más detallado y trazable. "Hemos tomado buena nota para mejorar", dijo, "pero de ahí a hablar de corrupción hay una distancia enorme".
El cruce con UPN: Cerdán, Belate y la prueba diabólica
El turno más tenso fue el del portavoz de UPN, Javier Esparza, que mantuvo durante casi una hora un interrogatorio centrado en la figura de Santos Cerdán y en la adjudicación de los túneles de Belate a la UTE formada por Acciona y Servinavar, empresa en la que la UCO apunta a una participación del 45% del exsecretario de organización del PSOE. Esparza acusó a Chivite de haber abierto "las puertas del Palacio de Navarra de par en par" a Cerdán y de haber adjudicado 76 millones de euros a una empresa de su entorno con un expediente "plagado de advertencias" de los funcionarios.
La presidenta rechazó cada una de las acusaciones. Recordó que Cerdán la acompañó a algunas reuniones en Madrid en su calidad de diputado por Navarra —algo que nunca ocultó, dijo, porque salía en las fotos de prensa—, y reiteró que las mesas de contratación son órganos independientes donde nunca hubo injerencia política. "Todos los miembros de esa mesa han afirmado aquí que no recibieron instrucciones de nadie", subrayó.
Sobre la adjudicación de Belate, Chivite defendió que la obra era una urgencia absoluta: Navarra llevaba incumpliendo una directiva europea desde 2004, había riesgo de multa millonaria y el consejero respondía personalmente si ocurría un accidente. "Mi responsabilidad política fue impulsar esa obra y exigir que se hiciera. Y hoy podemos decir que avanza y que vemos la luz al final del túnel", señaló con cierta ironía.
Cuando Esparza le preguntó quién dio la orden de adjudicar la obra a la UTE de Cerdán, Chivite respondió con el concepto de "prueba diabólica": exigir a alguien que demuestre la inexistencia de algo. "Si así fuera habría tenido que convencer a un consejero, a un director general, al presidente de una mesa, y lograr mayoría frente a cinco votos favorables. Es demasiado maquiavélico para que exista", zanjó.
La relación con Cerdán: conocidos de hace años, ruptura desde junio de 2025
Esparza presionó en repetidas ocasiones sobre la relación personal y orgánica entre Chivite y Cerdán. La presidenta admitió que se conocen desde hace muchos años —antes incluso de que él fuera secretario de organización del PSN—, que en su liderazgo participativo pedía opinión a distintos compañeros, entre ellos Cerdán, y que este la acompañó a algunas reuniones con ministerios en Madrid. También confirmó que, antes de que saliera el informe de la UCO en junio de 2025, le preguntó a Cerdán directamente sobre los rumores que circulaban y que él le respondió que todo era falso. "Desde que salió el informe no he vuelto a hablar con él", afirmó.
Sobre la participación de Cerdán en Servinabar, Chivite fue rotunda: se enteró en junio de 2025, como el resto de la ciudadanía. "Si ese dato estaba oculto, ni yo ni nadie en las mesas de contratación podía saberlo. Y si estaba oculto porque era incompatible con su cargo de diputado, se cae el argumento de que alguien lo adjudicó a dedo", argumentó.
El PSN defiende el trabajo de la comisión; Geroa Bai pide que lo investigue un juez
El socialista Javier Lecumberri optó por un tono más institucional. Destacó que de las 23 licitaciones en las que se presentó Servinabar en diez años, solo obtuvo seis adjudicaciones, y cuatro de ellas con el PSN en la oposición, lo que a su juicio desmonta la tesis de una adjudicación dirigida.
Desde Geroa Bai, la portavoz Pablo Azcona reconoció que la comisión no ha encontrado indicios de corrupción pero sí márgenes de mejora en los procedimientos. Coincidió con Chivite en que la mejor manera de disipar cualquier duda sería que un juez investigara el caso Velate. "Yo lo deseo", dijo la presidenta. "Porque si no, algunos seguirán con su relato aunque no haya pruebas".
El PP y EH Bildu: el turno final
El portavoz del PP, Javier Garcia, centró su intervención en la red de relaciones entre el entorno socialista y Servinabar —incluyendo preguntas sobre Koldo García, Acciona y la constitución de la empresa— y en cuestionar la legalidad de varios procedimientos. Chivite rechazó la mayoría de sus premisas, defendió la actuación del interventor general y cerró su intervención con un dardo al PP: "Ese mismo argumento que usa con mis amigos lo podría usar con el señor Feijóo. Yo no tengo amigos que me invitan a pasear en barcos".
EH Bildu no formuló preguntas inéditas tras meses de comparecencias y optó por pedir una valoración global a la presidenta, que respondió reivindicando la independencia de las mesas de contratación y el impulso dado a obras necesarias para Navarra.
El cierre: sin corrupción acreditada, con reformas en marcha y un juez pendiente
La sesión cerró sin grandes revelaciones nuevas. Chivite se despidió de la comisión con el mismo mensaje con el que la había abierto: no ha habido corrupción, los procedimientos se están mejorando y quien debe determinar si hubo algún delito es la justicia, no una comisión política. La presidenta de la comisión agradeció el trabajo realizado durante meses.
Ahora, los grupos tienen dos semanas para presentar sus propuestas de resolución, que previsiblemente reflejarán lecturas radicalmente distintas de los mismos hechos.
