El Pleno del Parlamento ha rechazado este jueves con los votos en contra PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin y los votos a favor de UPN, PPN, Grupo Mixto y no adscrita, la proposición de Ley Foral de modificación del Decreto Foral Legislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Tramitada en lectura única, la proposición de Ley Foral impulsada por UPN tenía por objeto dejar exento de tributación el importe de los rendimientos del trabajo de hasta 19.000 euros íntegros anuales, para lo cual se proponía modificar el artículo 56.a del Reglamento del IRPF que, aprobado por el Decreto Foral 174/1999, sitúa el límite de los ingresos por ese concepto en una cantidad inferior en 14.500 euros.
A tal efecto y también con efectos desde el 1 de enero de 2025, se propugnaba la supresión de los dos primeros tramos de la tabla de retención sobre rendimientos de trabajo, cifrados en 14.500 y 16.750 euros, respectivamente, para situar la obligación de tributar por encima de los 19.000 euros y en orden a los siguientes porcentajes: 10% (sin hijos), 8% (1 hijo), 6% (2h), 4% (3h), 2% (4h) y 0% con cinco o más hijos.
En la exposición de motivos, el grupo proponente aludía al incremento de precios experimentado por productos de primera necesidad para, sin obviar la iniciativa que en similares términos ha anunciado la CAV, justificar la necesidad de “aliviar a las rentas más bajas”, entre otros evitando minimizar el efecto neto del incremento del SMI (16.576 euros anuales en 14 pagas, 700 más que en 2024), ahora mismo inmerso en una “polémica” acerca de si debe o no quedar libre de cargas tributarias.
Por el contrario, PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han hecho suyos los argumentos del Gobierno de Navarra a la hora de expresar su “disconformidad” con esta iniciativa y se han remitido a la mesa de fiscalidad, donde “actualmente se trabaja de cara a la elaboración de un proyecto de Ley Foral de medidas tributarias para 2026”.
No obstante, los grupos que dan soporte parlamentario al Ejecutivo Foral cuestionan la viabilidad de la propuesta, ya que no tiene en cuenta la “complejidad” de un impuesto en el que la determinación del importe a pagar “depende de muchas variables, entre las que, progresividad al margen, se encuentran la “situación personal y familiar del contribuyente”.
En ese marco, advierten que la proposición de Ley Foral de UPN “no cuantifica el impacto recaudatorio” que la reducción de ingresos podría tener en la capacidad del Gobierno de Navarra para financiar servicios públicos esenciales y “tampoco aclara si la exclusión de la obligación de declarar operaría para el período impositivo en que entra en vigor (2025) o para el siguiente”.
A modo de colofón, las formaciones alineadas con el Ejecutivo concluyen que la justificación del umbral de 19.000 euros (actualmente 14.500) “carece de un análisis técnico” y no deja de ser una “respuesta puntual” a la subida del SMI y a las decisiones de territorios vecinos, ya que, por ejemplo, obvia a contribuyentes que, “con una capacidad económica similar, obtienen sus rentas por otras fuentes”.
