Unión del Pueblo Navarro ha cargado duramente este miércoles contra el alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, y la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, por el retraso en la construcción de las 108 viviendas protegidas en la manzana de Maristas. Los regionalistas califican el proyecto de «chanchullo urbanístico» y denuncian que más de una veintena de adjudicatarios ya han tenido que renunciar a su vivienda ante los sobrecostes y la incertidumbre.
«Quienes presumen del derecho a la vivienda la están convirtiendo en un negocio para unos pocos, abandonando a quienes realmente la necesitan», ha criticado UPN, que ha exigido responsabilidades políticas tanto en el Ayuntamiento de Pamplona como en el Gobierno de Navarra.
La formación foralista ha recordado que han pasado ya seis años desde que EH Bildu impulsó, de la mano de la promotora Arrasate, la recalificación de los terrenos de Maristas. Sin embargo, denuncian que mientras las viviendas de lujo están a punto de finalizarse, las protegidas aún no han comenzado a construirse. Además, señalan que la promotora ha vuelto a incumplir el plazo de inicio de obra comprometido para el 30 de abril.
Según UPN, a esta situación se suma una nueva exigencia a las personas adjudicatarias: la presentación de un aval o afianzamiento adicional para cubrir posibles impagos de terceros, lo que incrementa la inseguridad económica y legal para quienes tienen derecho a una vivienda protegida a precio regulado.
«Es una vergüenza que esto suceda ante la actitud impasible de los responsables del Ayuntamiento y del Gobierno foral, que permiten que los riesgos y sobrecostes recaigan sobre familias trabajadoras en lugar de sobre la promotora», han añadido.
UPN ha anunciado que llevará este asunto al pleno del Ayuntamiento de Pamplona previsto para este miércoles y que la próxima semana lo planteará en el Parlamento foral ante la vicepresidenta del Gobierno y responsable de Vivienda, Begoña Alfaro. Exigen que se garantice el inicio inmediato de las obras, que se respeten los precios regulados y que los sobrecostes los asuma «la promotora encubierta que impulsó el proyecto junto al gobierno de EH Bildu».
Finalmente, UPN ha advertido de que, si no se adoptan medidas, los máximos responsables urbanísticos de ambas instituciones podrían incurrir en responsabilidades legales por lo que consideran «una estafa social».
