Unión del Pueblo Navarro (UPN) ha anunciado este miércoles su intención de promover en el Parlamento de Navarra la disolución de Nafarbide, la sociedad pública creada por el Gobierno foral para gestionar las inversiones en carreteras durante los próximos 30 años. Los regionalistas califican la iniciativa como «una temeridad», al considerar que eludiría los controles previos de intervención sobre más de 2.600 millones de euros de fondos públicos.
Según han argumentado desde UPN, la actual situación de presuntos indicios de corrupción que afecta al Ejecutivo liderado por María Chivite, y particularmente al departamento de Cohesión Territorial, hace aún más preocupante cualquier fórmula que permita «sortear los controles públicos».
En este sentido, han recordado que la Cámara de Comptos ya alertó en su último informe de fiscalización de los riesgos que suponía trasladar esa gran inversión desde el presupuesto ordinario a un ente instrumental como Nafarbide: «Desplazar semejante nivel de inversión pública desde los presupuestos de una administración pública en la que operan por ley los controles preceptivos, a un ente instrumental, supone rebajar el nivel de control y consecuentemente eleva el riesgo», recoge el informe.
UPN ya expresó su «máxima preocupación» por esta fórmula en diciembre, durante la comparecencia del presidente de la Cámara de Comptos en la Cámara foral. Entonces, fue el único grupo que mostró rechazo a esta estrategia.
Además de las dudas sobre el procedimiento, los foralistas critican la falta de actividad y transparencia de Nafarbide. «Ha pasado casi un año desde su creación y no ha adoptado acuerdos ni desarrollado actividad, pero ha contratado como único miembro de su plantilla a un exconcejal socialista en Pamplona, al que se le paga 100.000 euros anuales del erario público sin que haya asumido gestión alguna», han denunciado.
UPN considera que la sociedad, tal como está planteada, actúa como una «sociedad fantasma» y que «incumple todas las obligaciones legales de la Ley Foral de Transparencia», al no aportar información pública sobre su actividad.
Los regionalistas también han recordado que tanto el servicio de patrimonio como la intervención general emitieron informes contrarios a la creación de Nafarbide. «La Cámara de Comptos señaló entonces la ausencia de justificación y la imprudencia que supone sortear los controles legales», han subrayado.
Por todo ello, UPN considera «urgente» su disolución antes de que comience a realizar adjudicaciones millonarias: «Resulta un sarcasmo que, en un ambiente de sospechas por presuntas mordidas en contratos de obra pública, Chivite pretenda desviar la contratación a una sociedad controlada por un exconcejal del PSN», han concluido.
