La consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno del Gobierno Vasco, Maria Ubarretxena, expresó hoy su optimismo sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo político en la Comisión Bilateral del próximo 15 de julio, que permita culminar el traspaso del primer bloque de competencias de la Seguridad Social a Euskadi, en el marco del cumplimiento del Estatuto de Gernika.
Las negociaciones, que se desarrollan por fases debido a la complejidad técnica y jurídica, así como a su vinculación con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social, avanzan con paso firme. La semana pasada, Ubarretxena se reunió con el secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, y hoy lo hizo con el secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez. Los encuentros se centraron en la gestión de las prestaciones familiares no contributivas, el subsidio especial por nacimiento y la ampliación del seguro escolar.
En concreto, el traspaso incluye la gestión de las prestaciones familiares no contributivas y el subsidio especial por nacimiento, que representan aproximadamente el 6,24% del total estatal, equivalente a unos 100 millones de euros según datos de 2023. Euskadi asumiría únicamente funciones de gestión y abono, mientras que el Estado conservaría la prerrogativa normativa. La transferencia también implicaría el traspaso de medios materiales y personales de los organismos de la Seguridad Social.
Respecto al seguro escolar, que protege a estudiantes menores de 28 años en estudios oficiales frente a accidentes, enfermedades o situaciones familiares adversas, se busca completar su traspaso. En 2020, Euskadi ya asumió la asistencia sanitaria derivada de este seguro, y ahora se negocia la gestión del resto de las prestaciones.
Tras las reuniones mantenidas en Madrid, Ubarretxena destacó que no existen impedimentos significativos para cerrar un acuerdo que sería rubricado por el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en la cita del 15 de julio. Este paso marcaría un hito en el proceso de descentralización de competencias hacia la Comunidad Autónoma del País Vasco.
