El empresario Antxón Alonso, administrador único de la empresa Servinabar, ha declarado este lunes ante el juez Leopoldo Puente en el marco de la investigación sobre presuntas irregularidades en torno a la denominada trama de adjudicaciones. Alonso, que ha respondido únicamente a las preguntas de su defensa, ha defendido la legalidad de todas sus actuaciones empresariales y ha negado cualquier relación delictiva con cargos públicos, entre ellos, con el ex secretario de Organizacion del PSOE, Santos Cerdán.
En su declaración, Alonso ha explicado que lleva vinculado al sector de la construcción desde principios de los años 2000, habiendo gestionado varias empresas. En 2015 fundó Servinabar, empresa dedicada al mantenimiento y conservación de instalaciones industriales, principalmente en el ámbito de un ambicioso proyecto minero privado: la Mina Muga, promovida por la empresa australiana Geoalcali.
Según su testimonio, Servinabar nació precisamente para ofrecer servicios técnicos a ese proyecto, sin ningún vínculo con dinero público ni procedimientos de adjudicación: «Es un proyecto privado que busca generar riqueza y empleo en una zona despoblada», ha remarcado. Alonso ha insistido en que en ningún momento ha recibido denuncias ni quejas por su labor profesional.
Durante su comparecencia, también ha detallado la colaboración de Servinabar con Acciona a través de diversas UTEs (Uniones Temporales de Empresas), fórmula que considera «cómoda y habitual» en el sector. En los últimos siete años, Acciona-Servinabar ha participado en cinco adjudicaciones: el Navarra Arena, el Archivo de Navarra, un colegio en Arbizu, un bloque de 62 VPO en Pamplona y las obras en el túnel de Belate. Según Alonso, siempre fue Acciona quien lideró y gestionó las UTEs, y Servinabar se encargó únicamente de labores como la prevención de riesgos laborales.
Preguntado por su relación con el socialista Santos Cerdán, Alonso ha explicado que mantienen una amistad personal desde hace años, pero ha recalcado que este no ha tenido nunca ningún poder de decisión en Servinabar. Sobre un documento de 2016 que recoge un posible acuerdo entre ambos, ha indicado que fue solo un borrador ante la posibilidad de que Cerdán dejara la política para incorporarse al proyecto de la mina, algo que finalmente no ocurrió. «Él rompió su copia, yo la conservé. Pero nunca hubo ningún movimiento ni pago asociado», ha precisado.
En cuanto a una donación de 4.500 euros de Servinabar a la fundación Fiadelso, Alonso ha señalado que fue «un acto aislado, dentro del compromiso social de la empresa, que además tiene ventajas fiscales».
Sobre la figura de Koldo Garcia—excolaborador de Cerdán y ex asesor de Ábalos—, ha reconocido que trabajó con él de forma profesional durante unos nueve meses. Alonso sostiene que KG era autónomo y que cobraba un sueldo por presentarle posibles obras privadas, como la reforma de una panadería. «Cuando acabó su colaboración, se dio de baja y no tuvo más vínculo con la empresa», ha dicho. Los pagos recogidos en el informe de la UCO corresponderían, según Alonso, a ese tipo de encargos concretos.
El empresario ha negado tajantemente haber participado en ninguna irregularidad o trama. «Es imposible que hayamos obtenido beneficios contrarios a la legalidad. Toda la contabilidad está clara y a disposición de la UCO. Estuvieron en mi casa, en mi coche, en mi oficina. Se llevaron documentación, el portátil… lo tienen todo», ha afirmado.
Al cierre de la sesión, el Ministerio Fiscal ha solicitado medidas cautelares consistentes en la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias quincenales en sede judicial, petición a la que se ha adherido la acusación popular. La defensa ha mostrado su oposición. Finalmente el juez ha decretado las medidas cautelares que solicitaban fiscalía y acusación popular.
