El Ayuntamiento de Pamplona ha dispuesto la presencia permanente de dos patrullas de Policía Municipal en el antiguo edificio de la ikastola Jaso, ubicado en la avenida de Aróstegui, tras los graves incidentes ocurridos este fin de semana.
Los altercados, que dejaron un saldo de dos personas heridas y medio centenar identificadas, han llevado a reforzar la seguridad en este inmueble abandonado, ocupado desde hace meses por personas sin hogar. El primer episodio tuvo lugar en la madrugada del domingo, cuando una pelea entre los ocupantes del edificio derivó en el lanzamiento de objetos, incluyendo botellas de cristal.
La situación requirió un amplio dispositivo policial y la intervención de sanitarios para atender a los dos heridos. Agentes de Policía Municipal, con el apoyo de Policía Foral, identificaron a todas las personas presentes.
Ese mismo domingo por la tarde, un segundo incidente involucró a un grupo de unas diez personas, algunas relacionadas con el altercado previo. Para prevenir nuevos episodios, el Ayuntamiento ha establecido una vigilancia constante con dos patrullas en la zona. Desde enero, las áreas de Acción Comunitaria y Seguridad y Convivencia Ciudadana han controlado el inmueble, con visitas semanales que han permitido identificar a más de 200 personas, 47 de ellas la semana pasada.
Además, desde abril, se realizan patrullajes intensivos con Policía Municipal y Policía Foral, y se mantienen reuniones con asociaciones de vecinos para informar sobre las medidas adoptadas. En los últimos meses, se han detenido a 30 personas vinculadas al entorno de la ikastola Jaso.
A la espera del derribo del edificio
El edificio, abandonado desde hace 20 años tras el traslado de la ikastola Jaso a Mendebaldea, está en mal estado y fuera de ordenación. En junio, el Ayuntamiento y la ikastola, propietaria del inmueble, solicitaron su demolición al Consorcio de Alta Velocidad, ya que el terreno está afectado por el PSIS del Tren de Alta Velocidad.
El derribo, presupuestado en 141.938,74 euros, requiere un convenio urbanístico entre la ikastola y el Consorcio, además de una autorización judicial para el desalojo. A pesar de que las ventanas y accesos fueron sellados tras el abandono, el edificio ha sido ocupado en los últimos años por personas en situación de vulnerabilidad que lo utilizan como infravivienda.
El Ayuntamiento respalda la demolición como la única solución viable para resolver los problemas asociados al inmueble.
