La Agrupación de Asociaciones Memorialistas por el Derribo de Los Caídos ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) para reclamar la anulación del acuerdo adoptado por el Ayuntamiento de Pamplona que modifica la catalogación de protección del Monumento a los Caídos. Las asociaciones sostienen que dicho acuerdo es “nulo de pleno derecho” y exigen que se cumpla la Ley de Memoria Democrática procediendo a la eliminación total del símbolo franquista.
El recurso se basa en tres supuestos de nulidad que, según denuncian, no pueden subsanarse durante la tramitación del proyecto urbanístico. En primer lugar, argumentan que no se puede modificar la protección de un monumento amparado por un catálogo municipal que, a su juicio, “no está en vigor”. Las asociaciones recuerdan que el Catálogo de Edificios Protegidos no fue publicado íntegramente en el Boletín Oficial de Navarra (BON) cuando se aprobó definitivamente el Plan Municipal en mayo de 2003. “La jurisprudencia es clara: una norma no entra en vigor si no se publica en su totalidad”, subrayan, añadiendo que las fichas particulares de cada edificio —que forman parte esencial del catálogo— nunca se publicaron.
En segundo lugar, denuncian que el Ayuntamiento estaría utilizando la modificación del catálogo como vía indirecta para realizar una intervención urbanística de mayor calado en el entorno de Los Caídos, la Plaza de la Libertad y el Parque Serapio Esparza. Según el proyecto aprobado, la eliminación de la protección de las arcadas y escalinatas permitiría mejorar la conexión entre el II Ensanche y el barrio de Lezkairu. “El Ayuntamiento camufla una operación urbanística en una simple modificación de la protección”, denuncian, apuntando que una intervención de este tipo debería tramitarse mediante una modificación puntual del Plan Municipal y no del catálogo.
El tercer motivo de nulidad radica, según las asociaciones, en la ausencia de consulta ciudadana previa. Recuerdan que la Ley Foral de Urbanismo y la Ley Foral de Transparencia obligan a abrir un proceso participativo cuando se aborda una reforma urbanística que afecta a la ordenación del espacio público. Critican que la decisión de desproteger parcialmente el monumento para habilitar la conexión con Lezkairu “esconde una modificación urbanística limitada” que impide un debate integral sobre el futuro del monumento y su derribo total.
“La ley de Memoria Democrática exige la eliminación de los símbolos franquistas y, por tanto, reiteramos nuestra petición de derribo completo de Los Caídos”, concluyen en su nota.
La Agrupación de Asociaciones Memorialistas por el Derribo de Los Caídos insiste en que la única vía para cerrar definitivamente la herida que representa este vestigio franquista es su eliminación total, y exige al Ayuntamiento que no dilate más una decisión que consideran un deber democrático y de justicia histórica.
