El portavoz de VOX en el Parlamento de Navarra, Emilio Jiménez, ha criticado con dureza el desarrollo de la comisión de investigación parlamentaria, que este martes ha celebrado una sesión con votaciones para aprobar los planes de trabajo y comparecencias. Jiménez ha calificado la comisión como un «circo» y un «medio teatro», denunciando lo que considera una falta de respeto institucional y una deriva fuera del mandato legal del Parlamento.
«Desde un principio hemos dicho que esta comisión iba a convertirse en un circo, y cada vez lo están confirmando más», ha asegurado el parlamentario, quien ha denunciado que «el mismo día que se entregan los planes de trabajo, al día siguiente ya están en prensa, sin saberlo ni siquiera los parlamentarios que componen la comisión». Por ello, ha exigido a la presidenta de la comisión que sea «más diligente» y que «cuide la información que se traslada».
Desde VOX han mostrado su desacuerdo con el enfoque actual de la comisión, que considera excesivamente amplio: «No queríamos que se abrieran cuatro legislaturas porque entendemos que son cortinas de humo para alargar, alargar y terminar la legislatura sin esclarecer nada».
Jiménez ha afirmado que el listado de personas propuestas para comparecer no se ajusta a los límites establecidos por el propio Parlamento: «Se han incluido nombres de personas que ni siquiera están investigadas, procesadas ni inculpadas», y ha advertido de que el proceso puede acabar siendo una «tendencia hacia lo infinito» que no llegue «a ningún puerto».
Frente a eso, VOX ha defendido centrar el esfuerzo en la legislatura más reciente y en hechos concretos como los recogidos en el informe de la UCO, que ha sido público pero no ha llegado oficialmente al Parlamento. Según ha explicado Jiménez, su grupo ha presentado 13 solicitudes de comparecencia, que en su mayoría han sido aceptadas: «Entendemos que esas son las que se ajustan a la información que nos llega de esos informes y de la prensa».
Por último, el portavoz ha solicitado a la comisión que se emita un informe jurídico para determinar si los trabajos que se están desarrollando «se ajustan a la legalidad y al mandato del Parlamento».
