Nofumadores.org ha puesto el foco en lo que considera un «escándalo democrático y sanitario»: la incorporación de ex altos cargos del Gobierno y la Administración a la industria del tabaco en España. La asociación reclama una reforma urgente de la normativa de incompatibilidades que impida a políticos y funcionarios con información sensible y contactos estratégicos trabajar en este sector hasta pasados diez años de dejar su puesto.
El caso más reciente es el de Rubén Baz Vicente, ex subsecretario de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, fichado por Philip Morris como responsable senior de Relaciones Institucionales apenas unos meses después de abandonar su cargo. También Japan Tobacco International ha contratado a Antonio José Olivera Herrera, ex jefe de gabinete del ministro de Política Territorial. En el Consejo de Administración de Logista, el principal distribuidor de tabaco en España, se sientan nombres como la ex ministra Cristina Garmendia, la ex presidenta de SEPI Pilar Platero y la ex responsable del Ministerio de Cultura María Echenique.
«Estamos ante un escándalo democrático y sanitario», subrayó Raquel Fernández Megina, presidenta de Nofumadores.org. «La industria del tabaco busca comprar influencia en los pasillos del poder y frenar reformas que salvarían miles de vidas».
La denuncia llega en un momento clave: el Ministerio de Sanidad, dirigido por Mónica García, ha anunciado su intención de ampliar los espacios sin humo, aumentar los impuestos al tabaco y extender el empaquetado neutro. Sin embargo, según la asociación, la presión del sector ha conseguido aplazar o frenar medidas consideradas fundamentales por la comunidad científica y sanitaria.
En paralelo, la Comisión Europea prepara una profunda reforma fiscal con subidas de hasta el 139 % en el impuesto mínimo de cigarrillos, del 258 % en tabaco de liar y del 1.090 % en puros. Para España, esto implicaría un encarecimiento medio de 1,40 euros por cajetilla.
Nofumadores recuerda que estas prácticas de «puertas giratorias» contradicen las recomendaciones del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS, cuyo artículo 5.3 obliga a los gobiernos a proteger sus políticas de salud frente a la injerencia de la industria.
«Las tabaqueras utilizan las puertas giratorias como una herramienta más de lobby», añadió Fernández Megina. «Se trata de ex responsables públicos trabajando hoy para frenar cualquier avance en salud».
La asociación plantea que el Parlamento y el Gobierno deben decidir «si defienden la salud de los ciudadanos o los privilegios de una industria que mata a más de 60.000 personas al año en España».
