El magistrado de la Sala Segunda, Ángel Luis Hurtado, ha dictado la apertura de juicio oral contra Álvaro García Ortiz, acusado de un presunto delito de revelación de secretos. Se le imputa haber facilitado a un medio de comunicación el contenido confidencial de un correo electrónico relacionado con el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto Gonzalez Amador.
El instructor ha decidido que el juicio oral proceda y que se dirija la acusación contra García Ortiz por, «indiciariamente», haber revelado secretos en su calidad de fiscal general del Estado. Según la acusación, estos secretos habrían sido conocidos por él debido a su cargo. El delito está tipificado en el artículo 417 del Código Penal, y no se han encontrado motivos para un sobreseimiento.
Rechazo a la suspensión cautelar y fianza de 150.000 euros
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) solicitó la suspensión cautelar de García Ortiz, pero el magistrado ha rechazado esta petición. Sin embargo, ha remitido su auto a la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado para que tome las medidas que considere necesarias y le informe sobre la decisión adoptada. Asimismo, se ha fijado una fianza de 150.000 euros para García Ortiz, con el fin de cubrir posibles responsabilidades pecuniarias. Si no se presenta la fianza en cinco días, se procederá al embargo de bienes.
El magistrado ha señalado a la Sala de lo Penal como el órgano competente para juzgar el caso. Ha concedido un plazo de diez días al abogado de García Ortiz para presentar su escrito de defensa frente a las acusaciones formuladas. En su resolución, el magistrado ha enmarcado el contexto del juicio tras resolver todos los recursos planteados y presentar los escritos de acusación.
El contexto de la filtración y sus implicaciones
El correo electrónico del abogado de Alberto G.A., fechado el 2 de febrero de 2024, contenía información sensible que debía permanecer confidencial. Esta información fue compartida en conversaciones privadas entre el letrado y el fiscal encargado del caso. Según el magistrado, la filtración del correo pone en cuestión el prestigio de la institución y puede afectar el derecho de defensa del afectado.
García Ortiz, al dar publicidad a esta información confidencial, habría incumplido su deber de discreción. El magistrado concluye que, en una valoración provisional, los hechos podrían constituir un delito de revelación de secretos, del que García Ortiz sería responsable penalmente.
En relación a la suspensión cautelar solicitada por la APIF, el magistrado ha señalado que existe un vacío legal en cuanto a la suspensión del fiscal general del Estado. Este vacío no debe ser motivo para que el juez de instrucción tome decisiones al respecto, ya que la vía administrativa es la adecuada para cualquier miembro de la carrera fiscal.
Fianza ajustada a las posibles responsabilidades
Respecto a la fianza, el magistrado considera excesiva la cantidad de 300.000 euros solicitada por la acusación particular. Sin embargo, ha tenido en cuenta otras posibles responsabilidades pecuniarias, como costas o multas, y ha fijado una fianza de 150.000 euros para asegurar la totalidad de las responsabilidades. Esta fianza deberá ser presentada en el plazo de cinco días.
La apertura de juicio oral contra García Ortiz marca un hito en el seguimiento del caso. La resolución del magistrado, que ha sido ratificada por la Sala de Apelación, refleja la solidez indiciaria acumulada durante la investigación. La decisión de no suspender cautelarmente a García Ortiz y la fijación de la fianza son elementos clave en el desarrollo del proceso judicial.
